La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de emergencia que se llevó a cabo con el fin de poder contratar, por un lado, la compra de 520.000 test para la detección del SARS-COV-2, por un importe de 2.404.000 euros; y por otro, la instalación de 1.200 sillas destinadas a 150 módulos de atención al público ubicados en centros de salud y otros establecimientos, así como su transporte y retirada, por importe de 57.896 euros.
La justificación de emergencia se enmarca en la declaración del estado de alarma que se produjo el 14 de marzo pasado, en el marco de la gestión permanente de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y en la legislación autonómica recogida en la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que determina que, con el objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en todo el territorio de la Comunidad, la Junta de Castilla y León, en este caso a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desarrolla el Sistema de Protección Ciudadana que garantiza la asistencia al ciudadano ante situaciones de emergencia y urgencia.
