La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, pidió al Gobierno de España que “no perjudique al mundo rural y la lucha contra la despoblación” con la aprobación de un nuevo mapa concesional del transporte estatal por carretera que reduciría las paradas de este tipo de transporte en 346 municipios de Castilla y León.
Se trata de una petición que refuerza la realizada ayer por la consejera del ramo, María González Corral, en la Conferencia Nacional de Transportes, y ante la que el Gobierno, según Carriedo, respondió que se trata de una cuestión que “no sometía al debate de las comunidades”.
“Pero es una decisión especialmente injusta que perjudica especialmente al mundo rural y, por ello, a Castilla y León”, apuntó Carriedo, que no obstante negó que la solución sea que la Junta asuma el mantenimiento de estas paradas.
“Estamos en la fase de intentar convencer al Gobierno para que esta medida no se produzca”, sostuvo Carriedo ante los medios, en declaraciones recogidas por Ical, donde también manifestó que “sería mala idea” que la Junta desarrolle “por norma2 medidas para “paliar lo que hace mal el Gobierno”.
Un Ejecutivo nacional al que pidió “no seguir tomando medidas que vayan en contra de la lucha contra la despoblación”, como la reducción de 346 paradas en Castilla y León que “tendrían un fuerte impacto en esta tierra”.
De igual manera, Carriedo lamentó la pérdida del 32 por ciento de los recursos con respecto al modelo anterior con el nuevo criterio de reparto a las comunidades de los fondos europeos para ayudas al transporte y la digitalización. Un reparto que el Gobierno “cambió de forma unilateral” al criterio de la población frente al número de empresas por Comunidad y que rebaja la cantidad obtenida por Castilla y León de 8,1 a 5,5 millones de euros.
“Un reparto de estas características nos perjudica y es un hecho preocupante cuando hablamos de empresas de transporte que sufren muchas dificultades ante la subida de la inflación y del coste de la energía”, atestiguó Carriedo, para quien la respuesta no puede ser “una reducción de los recursos con respecto a las cantidades lógicas” estipuladas inicialmente.
