
La provincia de Zamora continúa en alerta por los incendios forestales que afectan principalmente a las zonas de Sanabria y Porto. Según el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, aunque algunos focos ya están prácticamente extinguidos, las llamas en el noroeste presentan dificultades debido a la geografía del terreno y la imposibilidad de intervenir con maquinaria pesada.
Medios aéreos clave en la extinción de incendios
El Cecopi Autonómico mantiene un seguimiento permanente de la situación, con cinco helicópteros de la Junta trabajando en la zona. Los técnicos muestran un optimismo cauteloso, asegurando que la jornada de hoy será fundamental para avanzar en la extinción, especialmente mediante medios aéreos.
Retorno progresivo de la población a sus localidades
Tras los desalojos preventivos, 167 personas de Coso, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y San Justo ya pudieron regresar a sus hogares. A estas se suman 30 personas más de las localidades de Cerdillo y Murias. Sin embargo, cinco municipios permanecen desalojados: San Ciprián, Vigo, San Martín de Castañeda, Riva del Lago Nuevo y Riva del Lago Viejo, afectando a 445 personas.
El delegado destacó que no se han registrado daños en viviendas, gracias al trabajo coordinado del operativo de extinción, bomberos locales, Guardia Civil y Protección Civil.
Seguridad y restricciones de acceso
Para garantizar la seguridad, se mantienen limitaciones de acceso en la zona del Lago de Sanabria, evitando la presencia de curiosos y facilitando la labor de los equipos de emergencia. Las carreteras afectadas incluyen ZA 103, ZA 104 y ZA 2645, además de un camino asfaltado en el entorno de Coso.
Apoyo a los afectados
Los albergues de Benavente y la residencia Los Valles acogen actualmente a 113 personas, con atención de psicólogos, Cruz Roja y Protección Civil. Además, desde el 20 de agosto, la Junta ha activado ayudas económicas para los afectados, incluyendo a personas, empresas y sectores agrícolas y ganaderos.
Fernando Prada subrayó la importancia de que los ganaderos puedan acceder a sus fincas para garantizar alimentación y agua al ganado, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.






