El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado la licitación del ciclo del agua en Zamora, un proyecto que supondrá cambios importantes en la gestión del servicio y también en el bolsillo de los ciudadanos. La propuesta, presentada por el alcalde Francisco Guarido, se debatirá en el próximo Pleno y contempla una subida del 10% en la tasa del agua, la primera desde el año 2013.
El regidor ha defendido que este ajuste responde a la necesidad de adaptar el servicio a los costes actuales, tras años de congelación de precios. “Se ha elaborado un estudio de costes y las inversiones a realizar con la nueva concesión que se podría haber aprobado por Decreto”, explicó, aunque añadió que “al ser un contrato que afectará a varios mandatos municipales he decidido llevarlo a Pleno para su discusión por todos los grupos”.
Según los datos municipales, esta subida supondrá unos 9 euros más al año por vivienda para la mayoría de los hogares, una cifra inferior al incremento acumulado del IPC desde 2013, que ronda el 30%. El nuevo contrato obligará además a revisar las tarifas conforme a la normativa europea, que exige cubrir el coste real del servicio.
La propuesta incluye la unificación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en una única concesión durante 20 años, ya que los contratos actuales están caducados. “Es un contrato que afectará a varios mandatos municipales”, insistió Guarido.
El proyecto contempla una inversión superior a los 20 millones de euros, de los cuales unos 15 millones deberán ejecutarse en los tres primeros años. Entre las principales actuaciones destacan la renovación de tuberías, algunas de principios del siglo pasado, la mejora de las redes y la modernización de infraestructuras clave.
Especial relevancia tendrá la sustitución de los más de 42.000 contadores actuales por sistemas digitales, una medida obligatoria por ley que permitirá un mayor control del consumo.
El alcalde ha subrayado que estas inversiones son necesarias debido al estado de la red, que actualmente registra pérdidas de agua superiores al 24%, en línea con la media nacional pero lejos de los niveles más eficientes.
Además, la empresa adjudicataria deberá abonar un canon anual mínimo de 675.000 euros, que podría incrementarse durante el proceso de licitación, y asumir las bonificaciones sociales existentes para colectivos vulnerables.
El proceso administrativo será largo y requerirá la aprobación de distintas administraciones, incluidas las europeas, por lo que el Ayuntamiento prevé que el nuevo modelo entre en funcionamiento a partir de 2027.
