La plaza a ocupar tiene un coste a las arcas municipales de algo más de 55.000 euros.
El Defensor del Pueblo ha dado la razón a un aspirante a la bolsa de empleo de técnico de Medio Ambiente que reclamaba se deberían de haber publicado las puntuaciones de los distintos candidatos. Un extremo que no se hizo, impidiendo que estos pudiesen justificar o subsanar deficiencias. Este aspirante a la plaza que supone a las arcas municipales algo más de 55.000 euros, ha llegado a calificar el proceso como «tongo» y, más aún, tras la estimación de su queja por Ángel Gabilondo Pujol, en escrito recibido a finales del mes de octubre y del que ha tenido acceso Benavente Digital y Televisión Benavente.
Las personas que se presentaron a la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Benavente no tuvieron la oportunidad de conocer la puntuación que obtuvieron por los méritos alegados y tampoco la que tuvo el resto de aspirantes, a excepción de los dos que fueron declarados aptos.
Este hecho impidió que pudiesen conocer, como debería de haber ocurrido, el resultado de la valoración con carácter previo a la resolución del proceso selectivo.
El Defensor del Pueblo deja claro en su comunicación al aspirante a esta plaza, que “la supresión del trámite de audiencia y la no publicación de la valoración de los méritos aportados por los interesados en un proceso de concurrencia competitiva, como lo es un proceso selectivo para el acceso al empleo público, puede constituir un vicio invalidante del procedimiento, en cuanto que puede producir indefensión”.
Recuerda igualmente el alto comisionado de las Cortes Generales que los principios de transparencia y publicidad deben regir todo proceso selectivo de acceso al empleo público y que para garantizar un proceso selectivo transparente es fundamental que los aspirantes conozcan la valoración de los méritos realizada por el órgano de selección con carácter previo a la resolución del proceso y puedan reclamar en caso de disconformidad o subsanar en caso de error o deficiencia.
Al no haber publicado estos datos, el Ayuntamiento causó indefensión a los aspirantes y falta de transparencia en el desarrollo del proceso selectivo en la única valoración que se realizaba, la de los méritos aportados.
El candidato a la plaza presentó también recurso ante el Ayuntamiento alegando esta circunstancia y denunciando que la convocatoria parecía creada “ad hoc”, para una de las personas aprobadas, recurso que fue desestimado por el alcalde.
El Defensor del Pueblo ha dirigido escrito al aspirante comunicándole que enviará recomendación al Ayuntamiento para que en las bases que rijan los futuros procesos selectivos que convoque por el sistema de concurso se prevea que, antes de redactar propuesta de resolución, se publique la valoración de los méritos que ha acordado el órgano de selección, concediendo a los aspirantes plazo de reclamación o trámite de audiencia frente a dicha valoración.
