La decisión del Tribunal Supremo de admitir las medidas cautelares solicitadas por el Estado de la Nación en relación con el toque de queda ha provocado que desde UPL se pida la dimisión inmediata del presidente Mañueco, como del vicepresidente Igea y de la Consejera de Sanidad Verónica Casado.
A través de un comunicado remitido, la formación leonesista aduce que la decisión que «arbitrariamente» habían acordado el presidente de la Junta como su vicepresidente y la titular de Sanidad «ha demostrado la arbitrariedad rayana en el delito de prevaricación administrativa, cometido por estos tres personajes que, saltándose la legalidad vigente y saltándose las normas contempladas en el Decreto de Estado del Estado de Alarma, decidieron establecer un cierre a las 20:00 horas, cuando en el resto de comunidades autónomas, cumpliendo precisamente esa legalidad vigente, se sometieron al cierre a las 22:00 horas».
Desde UPL consideran que esta decisión judicial que «avala la ilegalidad» de la decisión de la Junta de Castilla y León, «debe de suponer la dimisión inmediata tanto del presidente de la Junta, Mañueco, como del vicepresidente, Igea, y la consejera, Casado, que a sabiendas se saltaron la legalidad vigente en perjuicio de todos los leoneses y todos los castellanos».
En la misma línea, instan «a todas las empresas y autónomos que se hayan visto perjudicadas con la decisión arbitraria de la Junta para que reclamen en responsabilidad administrativa contra la Junta por los perjuicios ocasionados, si bien, esas responsabilidades administrativas no pueden ser cargadas para que sean satisfechas por los ciudadanos, vía recursos de la propia Junta, sino que deben de ser satisfechas por estos tres iluminados, personalmente que se saltaron la legalidad vigente».
Asimismo, consideran la decisión del cierre a las 20:00 horas de todo comercio no esencial adoptada en el día de hoy, «una simple pataleta de niño pequeño, al que la ley no permite hacer lo que le venga en gana, como pretendía y toma su represalias».
La formación leonesista aduce que supone «una irracional venganza tomada por la invalidación del ilícito horario del toque de queda para las dos regiones de esta autonomía. Una actuación insensata, que supone un grave perjuicio, para la economía del ya maltrecho comercio y la sufrida hostelería, que vuelven a ser los perjudicados, por ser el blanco fácil de los irresponsables de un gobierno, que como queda demostrado, toma decisiones absurdas, que no responden a cuestiones sanitarias, sino más bien caprichosas», concluye el comunicado de UPL.
