El sistema de protección policial VioGén mantiene bajo seguimiento un total de 5.496 casos activos de violencia de género en Castilla y León. Los datos oficiales desvelan la especial vulnerabilidad del mapa familiar actual, ya que 2.690 de estos expedientes corresponden a mujeres que tienen menores de edad a su cargo directivo. Además, los protocolos de seguridad estatales mantienen catalogados a 113 niños y niñas de la comunidad en una situación de riesgo severo de sufrir violencia vicaria.
Ante la gravedad de este indicador, las estrategias institucionales se han concentrado en la capital leonesa durante la celebración de la II Jornada Stop Violencia Vicaria. El encuentro técnico ha estado promovido por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León junto con el tejido asociativo especializado. Su propósito fundamental es unificar las herramientas de los colectivos profesionales para combatir la manifestación más cruel del maltrato machista, donde los agresores instrumentalizan a los hijos con el único fin de infligir el mayor daño psicológico posible a la madre.
Las ponencias han reunido a los principales operadores jurídicos de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, junto con especialistas sanitarios de la pediatría social y mandos de los Equipos Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil y de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. La mesa técnica ha contado también con la presencia internacional del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.
Los expertos han insistido en que la única fórmula eficaz para revertir las estadísticas radica en la detección precoz de los indicadores de riesgo antes de que se ejecuten las agresiones. Para ello, los diferentes sectores exigen un plan de formación especializada y obligatoria que dote de herramientas idóneas a jueces, fiscales, abogados, personal de enfermería y trabajadores sociales a la hora de identificar conductas coercitivas en el entorno familiar.
La hoja de ruta marcada por el congreso establece que cualquier intervención pública o judicial debe situar el interés superior del menor como principio rector irrenunciable. La coordinación ágil entre las administraciones periféricas y las Fuerzas de Seguridad se presenta como la principal barrera para evitar los vacíos de desprotección que sufren las mujeres y sus hijos durante los procesos de separación o tutela.
