CSIF espera que el diálogo con la nueva consejera de Educación se traduzca en mejoras reales para el profesorado de cara al próximo curso escolar en Castilla y León. El sindicato independiente, primero en la Mesa Sectorial, afronta la reunión clave de este viernes 3 de julio con voluntad de acuerdo, pero advierte con firmeza de posibles movilizaciones y huelgas si la Junta no atiende de inmediato sus reclamaciones históricas. La presidenta del sector de Educación en la comunidad, Isabel Madruga, denuncia el grave agotamiento de los profesionales debido a tareas administrativas que restan tiempo a la enseñanza.
Negociaciones clave el 3 de julio: ¿Qué pide CSIF?
El sindicato acudirá a la cita institucional con un documento de exigencias claras y estructuradas que afectan de forma directa a los centros educativos de la comunidad. El objetivo prioritario es garantizar la viabilidad del sistema público y la salud laboral de las plantillas.
Las principales reclamaciones que se pondrán sobre la mesa incluyen:
- Reducción lectiva para mayores de 55 años: Aplicación efectiva en el curso 2026-2027 con garantías reales y suficiente dotación de cupo.
- Reconocimiento de la función tutorial: Compensación justa por una de las tareas que más carga de trabajo genera fuera del horario de clase.
- Equiparación salarial: El profesorado de la comunidad sufre una pérdida de hasta 850 euros mensuales respecto a las autonomías con mejores retribuciones.
- Convocatoria de Cátedras: Exigen activar las 1.000 plazas de Cátedras logradas por el sindicato e incluidas en la Oferta de Empleo Público.
Burocracia y crisis climática en las aulas
El fin del curso 2025-2026 ha dejado un balance amargo en colegios e institutos. La acumulación de informes, registros digitales y plataformas de evaluación consume gran parte de la jornada laboral del profesorado.
«Reducir la burocracia no es una demanda secundaria, es devolver al profesorado tiempo para educar«, sentencia tajante Isabel Madruga.
A esta saturación de papeleo se añade un problema físico visible en las últimas semanas de junio: el calor extremo en las aulas. El sindicato exige que la Consejería de Educación cumpla de manera estricta el Real Decreto 486/1997. Esta normativa fija un baremo orientativo de entre 17º y 27º C para trabajos sedentarios, unos límites que se han superado ampliamente en múltiples espacios educativos de la provincia de Zamora debido a la falta de adaptación climática de los edificios.
Alarma por la falta de recursos para atender la diversidad
La situación en las aulas es cada vez más compleja. Los datos oficiales reflejan una realidad preocupante en Castilla y León: el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo ha pasado del 7,8% en el curso 2011-2012 al 11,8% en el pasado ciclo, lo que significa que uno de cada 8,5 alumnos requiere atención especialista.
CSIF considera insuficiente la propuesta de la Junta de incorporar únicamente 50 profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT) por curso durante los próximos cuatro años.
Para el sindicato, este incremento debe ser solo el punto de partida para acometer una revisión profunda y efectiva de la Atención a la Diversidad (ATDI). Sin un refuerzo real de los equipos de orientación, los docentes no podrán sostener la calidad del modelo educativo de forma indefinida basándose solo en su buena voluntad.
Nueva etapa para las universidades públicas y enfermería escolar
El panorama educativo autonómico afronta cambios estructurales de calado en este tramo final de año. Por primera vez, las competencias en materia de Universidades se han derivado a la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. El responsable del área en el sindicato, Roberto Fernández, exige al nuevo consejero una financiación plurianual estable que alcance el 1% del PIB que marca la ley estatal (LOSU).
Por otro lado, la organización sigue presionando en el ámbito sanitario y educativo tras presentar en las Cortes de Castilla y León un total de 50.000 firmas vinculadas a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta propuesta busca regular por ley la implantación definitiva de la enfermería escolar en todos los centros de la comunidad. Una vez validadas, comenzará su pertinente tramitación parlamentaria en busca del respaldo de los grupos políticos.
