Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal asentado en la provincia de Valladolid dedicado a la venta de empadronamientos falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular. La investigación, denominada Operación Tarjeta y llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), se ha culminado con la detención de 14 personas y ha puesto fin a un entramado que facilitaba registros falsos para trámites de extranjería y acceso a servicios públicos.
Un vecino dio la voz de alarma
La investigación se inició el pasado mes de abril a raíz de la denuncia de un vecino de una localidad vallisoletana, quien descubrió con sorpresa que varias personas desconocidas figuraban empadronadas en su propia vivienda. Poco después, una mujer residente en la capital vallisoletana presentó una segunda denuncia por hechos idénticos. Las pesquisas de los agentes permitieron vincular ambos casos y constatar que detrás de las falsificaciones se encontraban los mismos responsables.
El modus operandi de la red consistía en utilizar viviendas de personas de su entorno. Aprovechando la confianza de los propietarios o mediante engaño, obtenían copias de sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI). Posteriormente, presentaban ante las oficinas del Padrón Municipal contratos de arrendamiento falsificados y autorizaciones con firmas suplantadas que los verdaderos dueños no reconocieron.
¿Cómo funcionaba la red de empadronamientos falsos en Valladolid?
Para asegurar la maniobra y eludir los controles administrativos, los integrantes de la red incluían sus propios números de teléfono en la documentación en lugar de los de los legítimos propietarios. Si los funcionarios municipales realizaban comprobaciones telefónicas de verificación, los investigados se hacían pasar por los titulares de los inmuebles y daban el visto bueno a la inscripción.
Los principales responsables de la trama —dos mujeres y un hombre— cobraban entre 100 y 300 euros por cada empadronamiento individual, llegando a exigir importes superiores cuando se trataba de unidades familiares completas.
Dado que el empadronamiento es el requisito indispensable para acreditar el tiempo de estancia en España y poder acceder a procesos de regularización de extranjería, los migrantes accedían a pagar las tarifas a sabiendas de que se trataba de una inscripción falsa.
14 detenidos a disposición judicial
La operación policial ha concluido con el arresto de los tres cabecillas del entramado, a quienes se les imputan los delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.
Asimismo, otras once personas que recurrieron a estos servicios han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental. Todas las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
