Los cuidadores familiares de Zamora denuncian una situación insostenible debido al escaso respaldo económico y a la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas. La presidenta de Azacuefa, Julia Alejo Ratón, advierte de que el colectivo sostiene en solitario el sistema público de atención. Además, denuncian que lo hacen sin recibir un salario justo ni descanso. «Las ayudas destinadas a los dependientes de Grado 3 en el entorno familiar apenas llegan a los 200 euros mensuales cuando la persona atendida supera una pensión de 800 euros. Esta cantidad resulta del todo insuficiente para afrontar los costes de medicación, suministros esenciales y materiales de atención especializada», explican.
El colectivo destaca la enorme diferencia económica respecto al gasto que supondría derivar estos cuidados a servicios externos o centros residenciales. «Mientras una prestación domiciliaria pública ronda los 1.200 euros al mes por apenas dos horas y media diarias, la atención continuada en el hogar se cubre con importes mínimos», denuncian.
Al mismo tiempo, desde Azacuefa señalan el «desgaste físico y psicológico que sufren las personas que atienden de forma permanente a enfermos grave. También de aquellos que se ocupan de personas con patologías complejas como la esquizofrenia o el alzhéimer». Ante esta situación, el colectivo critica la «falta de alternativas reales para el descanso o la conciliación familiar» de quienes asumen esta responsabilidad.
Una red invisible que sostiene los servicios públicos
En la provincia zamorana se calcula que más de 3.500 personas ejercen estas tareas de cuidado sin estar dadas de alta en el sistema de protección de la Seguridad Social. «Si todas estas personas tuvieran que ingresar en residencias públicas, la capacidad de la red asistencial quedaría colapsada», subrayan. Por ello, desde AZACUEFA exigen priorizar la dignidad de los dependientes y de sus familias. Y denuncian que «no se puede convertir la gestión asistencial en un modelo puramente mercantil». Por último, reclaman soluciones urgentes para garantizar unos ingresos justos y un acompañamiento profesional efectivo en sus municipios.
