Los representantes de las cuatro Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), Coag, Asaja, Upa y Uccl, se reunieron ayer lunes en IFEZA con un numeroso grupo de agricultores y ganaderos de la provincia, a fin de fijar, desde el entendimiento, las medidas, las prioridades y las acciones que el sector podría llevar a cabo en los próximos meses, siempre de forma coordinada y conjunta, así como para conocer los motivos del posible malestar en el proceso de movilizaciones de los últimos quince días.
Todos los allí presentes, agricultores y ganaderos de la provincia y por tanto con una problemática similar, convinieron en la necesidad de reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.
En la tarde de este lunes 13 de febrero, un importante grupo de agricultores y ganaderos de la provincia de Zamora, más de 200, se reunieron en IFEZA con los máximos representantes de las OPAs. El objetivo de la mencionada reunión era poner en común, por todas las partes, aquellas inquietudes y problemas principales del sector agrario provincial.
Todos los allí presentes convinieron que el sector agrario en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Así también, los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa.
Por ello se reclama una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los eco esquemas como las BCAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
Así mismo se pide la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. La AICA – Agencia de Información y Control Alimentario – debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
Además, en el ámbito de sus competencias, a la Comunidad Autónoma se le demanda reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo. Los ganaderos también están atravesando una situación crítica por cuestiones como la sanidad animal, en particular con la EHE.
Se solicita también un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.
A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas también se exigirá:
– Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.
– Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.
– Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
