El propietario del establecimiento «El Lobo Feroz», ubicado en Manzanal de Arriba, ha hecho pública una carta abierta dirigida al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, para denunciar la situación de parálisis administrativa que sufre su local. En el escrito, Julio Fernández Peláez expone su versión de los hechos y solicita la intervención de la institución provincial ante lo que considera un cierre injustificado de su negocio.
Según sostiene Fernández Peláez en el documento registrado ante la administración provincial, la suspensión de la actividad dictada por el Consistorio carece de fundamento técnico y vulnera el procedimiento legal. El titular del inmueble vincula esta medida al impacto que el cierre causa en la economía rural de la comarca, un sector cuya defensa abandera habitualmente la propia Diputación.
El origen del conflicto según la propiedad
En el escrito remitido a la Presidencia de la Diputación, el hostelero sitúa el inicio de las discrepancias en el año 2021. Fernández Peláez detalla que, tras una inspección de la Guardia Civil de Alcañices en la que solo se requirió la copia del seguro de responsabilidad civil —documento que afirma haber aportado posteriormente—, el Ayuntamiento comenzó a alegar supuestas deficiencias:
- El propietario señala que la alcaldía cuestionó la validez de la licencia municipal concedida en 2001.
- Denuncia que se han argumentado irregularidades en la tramitación del expediente sin aportar informes técnicos que las respalden.
- Relata que la Junta de Castilla y León procedió a la desinscripción del local en el registro turístico a instancias del Consistorio, decisión que posteriormente fue rectificada por la propia administración autonómica al reinscribir el establecimiento.
«A día de hoy, sigo sin saber de qué se me acusa como dueño del establecimiento, qué defectos tiene el bar y lo que es peor: cómo subsanarlos«, manifiesta Fernández Peláez en su misiva.
La versión del titular sobre los informes técnicos
El promotor de la carta abierta subraya que, a pesar de los requerimientos enviados desde el Ayuntamiento a los servicios de Asistencia a Municipios, los arquitectos de la Diputación de Zamora no han emitido informes que señalen irregularidades en el local.
Asimismo, Fernández Peláez asegura en su escrito que el bar dispone de licencias ambientales, sanitarias y de apertura en regla, además de no presentar objeciones por parte de Protección Civil. En la carta, el afectado sugiere que la insistencia municipal podría responder a su labor de fiscalización como ciudadano sobre la gestión del equipo de gobierno local.
Las soluciones propuestas por el hostelero
El denunciante advierte en el texto de las consecuencias económicas que acarrea la clausura tras 26 años de actividad, asegurando que la incertidumbre jurídica ha frenado la llegada de una familia interesada en hacerse cargo del establecimiento.
Para desbloquear la situación, Fernández Peláez traslada dos alternativas al presidente provincial:
- Anular el decreto de suspensión dictado en octubre de 2025 para permitir la reapingreso de la actividad.
- Notificar de forma precisa las deficiencias que deban subsanarse en la instalación.
El firmante concluye el escrito solicitando una reunión formal con Javier Faúndez para abordar el expediente y frenar el deterioro de la imagen institucional y del servicio en el municipio.
