La falsificación de plaguicidas y fertilizantes es un problema real para cultivos de todo el planeta, incluso para los sometidos a las regulaciones más estrictas. El enorme volumen de productos fitosanitarios y las numerosas variedades que se venden anualmente en todo el mundo hacen que este sector sea muy atractivo para los falsificadores. El impacto de esta actividad fraudulenta, por muy poca incidencia directa que parezca manifestar en nuestra agricultura, es mucho más grave de lo que nos pudiera parecer, ya que por una sola rendija pueden colarse en nuestra cadena de valor alimentaria productos químicos no registrados o directamente ilegales, además de pesticidas falsos sin ningún componente activo que pueden dañar la producción de alimentos sanos y de alta calidad.
Además, esta práctica ilegal no sólo afecta a los alimentos de nuestra huerta, sino también a la leche y la carne -procedente de ganado alimentado con cultivos-, a la mesa en la que nos los comemos e incluso a algunas de las prendas que llevamos puestas al hacerlo: la demanda mundial de productos agrícolas también está creciendo para productos no alimentarios, como aceites, resinas, fibras, prendas de vestir y energía.
El Gobierno Español ya tuvo que dar ayudas económicas el año pasado por valor de 300 millones de euros a agricultores para paliar la subida masiva del precio de los fertilizantes, caldo de cultivo perfecto para que proliferen las mafias de este producto. En el último año se han visto casos de fabricación de fertilizantes para el cannabis sin licencia en Alicante, un fraude de ayudas europeas a través de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) con ramificación a sus sedes autonómicas presentando documentos falsos para obtener hasta 400.000 euros en subvenciones o, incluso, la fabricación de un supuesto medicamento contra el cáncer usando fertilizantes agrícolas en Oviedo.
Según estimaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) la proporción de plaguicidas ilegales en los últimos años ha oscilado entre el 10% y el 15%, acercándose hasta el 25%. No obstante, los países emergentes se encuentran aún más expuestos: en China y en India se estima que los plaguicidas falsificados representan aproximadamente el 30% del mercado; y en África, entre el 15 y el 20%, con puntos críticos en Egipto y África Occidental, donde se calcula que el 40% de los agroquímicos son falsos.
Por eso, mejorar la trazabilidad de fertilizantes y plaguicidas, que no sólo infunde confianza en la base de clientes, sino también en toda la cadena alimentaria, es de gran importancia para el campo, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Solo recordar ejemplos de alertas sanitarias como la que ha ocurrido en estos días con las fresas procedentes del norte de África, con Hepatitis A. En esta ocasión en concreto han sido aguas fecales, pero el uso de buenos fertilizantes y, sobre todo, plaguicidas refuerzan la consecución de un producto libre de enfermedades.
Uno de los beneficios del uso de medidas de seguridad contra la falsificación de plaguicidas es que los agricultores puedan demostrar que sólo utilizan productos legales en su campo, lo cual les otorga una clara ventaja competitiva ante aquellos que no, y evita que, por un error involuntario, puedan ser multados o pierdan sus subsidios. Las falsificaciones de estos productos fitosanitarios imitan cada vez mejor la apariencia exterior de los originales, lo que facilita que sean compradas involuntariamente por distribuidores y agricultores, lo cual pone en verdadero riesgo su credibilidad y su economía y en auténtico peligro a la agricultura sostenible, al consumidor y al medio ambiente.
Por lo tanto, los agricultores desempeñan un papel crucial para ayudar a detener la propagación de plaguicidas ilegales y falsificados en toda la Unión Europea. Sin embargo, una vez más, para implementar un sistema de defensa a la altura del reto se requiere la estrecha cooperación de las autoridades, aduanas y policía, así como de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por su parte, SICPA dispone ya de las herramientas más eficaces para luchar contra la falsificación de productos fitosanitarios, protegiendo la trazabilidad de los legítimos y haciéndoles inviolables ante los falsificadores.
La creación de un nuevo pesticida, por ejemplo, suele requerir diez años de estudio y ensayos y cientos de millones de euros de inversión, lo que abarca un riguroso proceso de pruebas y autorización del producto. Y todo este esfuerzo merece ser protegido. Sin embargo, las prácticas actualmente utilizadas por los agricultores, las comunidades y las autoridades reguladoras para verificar la autenticidad de los insumos agroquímicos siguen siendo deficientes y sólo unas pocas de ellas se basan en tecnologías modernas.
Para acabar con las falsificaciones en el mercado, aumentar la visibilidad de los canales de distribución y evitar la reutilización de envases auténticos, rellenados y devueltos a los mercados secundarios, SICPA dispone de etiquetas de seguridad equipadas con medidas de seguridad visibles (SICPAOASIS®, Intaglio – SICPAOASIS® y QUAZAR®), invisibles (SICPAGUARD®), un código QR dinámico y seguro (REVEO®, accesible desde el móvil con la aplicación Farmer Dost), tinta raspable en combinación con SMS y troqueles.
Todos estos elementos de seguridad generan confianza en los agricultores y les hacen preferir el uso de fertilizantes que tengan estas etiquetas de seguridad fácilmente verificables, tanto para los que tienen un teléfono móvil inteligente como para los que no. Además, algunos propietarios de marcas utilizan los códigos de SICPA para actividades promocionales.
Acerca de SICPA
Como líder en el mercado de tintas de seguridad para billetes de banco y principal proveedor de soluciones de autenticación, identificación, trazabilidad y seguridad en las cadenas de suministro, SICPA es desde hace tiempo un socio de confianza para gobiernos, bancos centrales, imprentas de seguridad y la industria en general. Cada día, gobiernos, empresas y millones de ciudadanos confían en su experiencia y conocimientos expertos, que combina elementos de seguridad física y tecnologías digitales, para proteger la integridad y el valor de su moneda, de su
identidad personal, de sus documentos de valor, de su administración en línea, así como de sus productos y marcas.
Siempre fiel a su misión de fomentar la confianza gracias a una constante capacidad de innovación, SICPA se compromete a promover una economía basada en la confianza a nivel mundial, allí donde las transacciones, las interacciones y los productos en los ámbitos físico y digital requieran datos protegidos, infalsificables y verificables.
Fundada en 1927 en Lausana, SICPA tiene su sede en Suiza y se encuentra presente en los cinco continentes, con una plantilla de aproximadamente 3.000 empleados. La empresa siempre ha tenido una excelente relación con España, ya que, en los años 40 del pasado siglo, nuestro país fue el primero en incorporar sus tintas de seguridad en la impresión de sus billetes de cien pesetas, inaugurando un periodo de éxito empresarial que en la siguiente década ya consiguió sentar la bases de la profesionalización y sofisticación que caracteriza la industria de las tintas de seguridad actual.
