La mayoría de los propietarios de los terrenos para la construcción del polígono industrial «Puerta del Noroeste», no aceptan el sistema de cooperación propuesto por el Ayuntamiento de Benavente y con el que se pretendía agilizar los trámites de licitación y ejecución de las obras.
Según los datos ofrecidos por el concejal de IU, Manuel Burón, en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 6 de abril a petición del PP y Cs, cuyo objetivo era la fiscalización de las actuaciones que se están llevando a cabo para la construcción del polígono, de 37 propietarios de los terrenos, únicamente 11 habían aceptado el sistema de cooperación.
Estos 11 propietarios lo serían del 22,68% del total de los terrenos, mientras que el resto, no habrían aceptado la propuesta. 14 de ellos, propietarios de 18,55 hectáreas la rechazaron directamente, y 12 propietarios de 20,57 hectáreas, ni tan siquiera contestaron.
Los datos ofrecidos por el concejal afectarían a 52,28 hectáreas, de un total de 58 hectáreas que tendría el polígono. En la sesión plenaria no se explicó lo sucedido con el resto del terreno, pero es sabido que hay casos en los que las fincas pueden no figurar en los registros, o tener doble inmatriculación, puede haber propietarios desconocidos o de titularidad controvertida o cualquier otro caso en los que se produzcan discrepancias entre la realidad de las fincas y los datos del Registro de la Propiedad.
En el caso de que haya discordancias entre los títulos y la realidad física de los terrenos, debe prevalecer esta última. En estos casos, en el Proyecto de Actuación deberá constar que la titularidad es dudosa o litigiosa; asumiendo el propio Ayuntamiento la representación de los derechos e intereses de esas titularidades.
A pesar de que desde el Consistorio se mantuvo siempre que los propietarios habían aceptado mayoritariamente el sistema de gestión urbanística de cooperación, lo que suponía que aportarían los terrenos y asumirían la parte correspondiente del coste de las obras, finalmente no ha sido así.
Contratación de una empresa externa para los trámites de expropiación
El Ayuntamiento contrató por 79.813 euros y por un período de dos años, a pagar 46.949 euros en 2020 y 32.864 euros en 2021, a la empresa CBRE Valuation Advisory S.A., para que lleve a cabo las gestiones con los propietarios, a cuyas reuniones asistió Ramón Vázquez Negro, asesor del área logística de CBRE.
Este contrato se realizó para dar continuidad a “los esfuerzos realizados y resultados obtenidos con la Ejecución del Estudio de pre-viabilidad, de la ampliación del CTLB de Benavente”, redactado por la consultora ARUP en 2018 y en el que se fijaba que en el año 2021 debería de haberse realizado la urbanización de 39.629 metros cuadrados y 33.806 metros cuadrados de naves.
La contratación de esta asistencia técnica multidisciplinar se justificó para asesorar y coordinar la labor de supervisión de los servicios técnicos municipales sobre los adjudicatarios y propietarios de los terrenos.
La tramitación del proceso expropiatorio es requisito previo a los procesos de reparcelación y urbanización. La expropiación forzosa, como sistema de actuación, supone que la administración actuante adquiere los terrenos de la unidad de ejecución correspondiente, para, como titular única de las superficies afectadas, realizar a su costa la parcelación y la urbanización.
Como consecuencia el Ayuntamiento ha contratado a una empresa externa para llevar a cabo el proceso de expropiación de los terrenos, que se llevará a cabo por el sistema de tasación conjunta, por el cual el Ayuntamiento valora homogéneamente la totalidad de la unidad de ejecución y puede inscribir como una o varias fincas la totalidad o parte de las superficies incluidas en la unidad.
La contratación de esta empresa se ha realizado a través de un contrato menor, por valor de 17.545 euros, lo que permite al Ayuntamiento la contratación directa de la empresa, sorteando el límite legal para poder usar un contrato menor, a dedo, casi sin controles de transparencia.
Para poder llevar a cabo la inscripción de los terrenos en el registro, el Ayuntamiento deberá acreditar previamente el pago o consignación del valor asignado a la finca. Igualmente se tendrán que llevar a cabo las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios, en el caso de que hubiera, para la extinción de derechos de servidumbres y derechos de arrendamiento, la destrucción de plantaciones o el cese de actividades, independientemente del valor del suelo.
Los propietarios de construcciones e instalaciones que deban demolerse, como pueden ser las de la instalación ganadera existente en la zona, o cualquier otra que existiera, deberán ser indemnizados según el coste de reposición, corregido según su antigüedad y estado de conservación y con independencia del valor del suelo.
