La gestión forestal en Castilla y León se ha situado en el centro del debate europeo tras la participación de la Junta en el principal foro silvícola de la Comisión Europea. El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, Javier Ezquerra, ha trasladado la experiencia regional en la sede comunitaria de Bruselas. Su intervención ha reforzado la voz de la Comunidad en las grandes decisiones medioambientales del continente.
El encuentro internacional de la Plataforma de Expertos en Bosques y Silvicultura reunió a los actores más influyentes del sector. En este organismo de trabajo se analizan los principales retos a los que se enfrentan las masas arboladas de la Unión Europea. Ezquerra intervino en representación del Gobierno autonómico y de la Asociación Europea de Bosques Públicos. La entidad EUSTAFOR integra a 40 organizaciones públicas de 29 países volcadas en el cuidado del medio natural.
La explotación del monte como freno a los fuegos
Durante la reunión se abordó con especial preocupación la ola de incendios que afectó a varios países europeos en 2026. Ante este escenario, la representación de la Comunidad defendió el valor del aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio. Limpiar los montes y generar actividad económica en torno a la madera resulta clave para reducir el riesgo de propagación de las llamas.
De este modo, la plataforma europea desempeña un papel de asesoramiento directo en el despliegue de la Estrategia Forestal 2030. Este órgano técnico reúne a propietarios forestales, representantes de la industria, investigadores y colectivos ecologistas. En la cita de Bruselas, las autoridades comunitarias informaron sobre la aplicación del reglamento contra la deforestación y la Ley de Restauración de la Naturaleza. También se revisaron las partidas de la Política Agraria Común destinadas al sector.
Este grupo de trabajo unificado se constituyó en 2023 por iniciativa de las direcciones generales de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Europea. Su meta es coordinar las medidas de los países miembros a partir de la mejor evidencia científica disponible. El trabajo conjunto entre instituciones resulta fundamental para adaptar las normativas al cambio climático y proteger el medio rural. El modelo que abandona la pasividad y apuesta por un monte vivo demuestra ser la mejor herramienta para fijar población y conservar la biodiversidad.
