La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación del alcalde de Benavente contra el concejal del PP, José Manuel Salvador, ex responsable del Área de Urbanismo dictando que éste «no ha intervenido para nada y menos aún que tuviera que mandar hacer al director de la obra» en el caso de la calle Zafra. El Ayuntamiento tendrá que afrontar el pago del proceso judicial tanto de la parte denunciante como de la defensa después de los tres recursos que ha perdido la alcaldía.
José Manuel Salvador , satisfecho por la resolución judicial ha declarado que el juzgado le ha dado la razón en tres ocasiones, tanto en enero cuando el número 1 de Benavente sobreseyó la causa que el alcalde Luciano Huerga presentó recurso de reforma, pero en marzo se desestimó el recurso de la alcaldía.´así como la insistencia del regidor benaventano volviendo a recurrir en Apelacióón se vuelve en su contra por decisión de la Audiencia Provincial. La Audiencia concluye la «inexistencia de indicios respecto de la autoría de la orden, mandato o intervención directa» en la obra investigada. Así de tajante se pronuncia el Tribunal ante la tozudez del alcalde benaventano.
«Siempre dije la verdad», señala el concejal José Manuel Salvador refiriéndose a que entonces dio varias ruedas de prensa e incluso llegó a retar al alcalde a que en el caso de que él tuviese razón, el alcalde dimitiese. Y si la razón se inclinaba sobre el regidor benaventano, el que dimitiría sería el concejal popular.
La Audiencia Provincial, en este último auto, le recuerda al denunciante, al alcalde Luciano Huerga, que hay un acta de marzo del 2018, que excluía la intervención del concejal y de la que necesariamente tenía conocimiento el propio denunciante.
Esto le hace recordar al concejal José Manuel Salvador las ocasiones en las que solicitó tanto en Pleno como en Comisiones que se preguntase a quien podía haberle verificado lo que después han dicho los Autos del Juzgado.
El Auto de la Audiencia obliga ahora a que todos los gastos judiciales sean abonados por los benaventanos, tanto los generados por el alcalde que interpuso la denuncia y los de la defensa del concejal. A este respecto, ya se ha dictado decreto firmado por el alcalde reconociendo el derecho a indemnización de todos los gastos.
José Manuel Salvador resalta los perjudicados en todo este proceso. Por una parte su persona que ha pasado por un proceso judicial «por un interés político» de Luciano Huerga, «además de tener que soportar las barbaridades y los insultos de algunos de los miembros del anterior y actual equipo de gobierno municipal. Lo he soportado con tranquilidad, porque sabía que era una acusación falsa, pero indignado porque vi desde el primer momento la intencionalidad de quien denunció».
También son prejudicados el Ayuntamiento y los benaventanos porque tienen que costear los gastos judiciales que nunca deberían de haberse producido, señala el concejal apuntando a que también resulta perjudicado el Juzgado «que ha tenido que dedicar tiempo y recursos a otro capricho del alcalde».
Se insiste en la intencionalidad política de la denuncia por parte del alcalde Luciano Huerga ya que, según el concejal, se hace un repaso de los hechos:
Con fecha 4 de junio del 2015 se registra la factura de los trabajos en el Ayuntamiento siendo ya alcalde Luciano Huerga. El 7 de septiembre de 2017 (dos años más tarde) solicitan informe al arquitecto técnico ante el requerimiento de la empresa del pago de dicha factura. Con fecha 5 de marzo de 2018 , a las 14:18 horas, se solicita a la empresa que identifique a la persona o personas del Ayuntamiento que hicieron el encargo para pagarle la factura. «¿Y porqué lo hicieron?», se pregunta José Manuel Salvador, por una discusión que se produjo en la Comisión Informativa de Hacienda entre dos vocales asistentes a la misma.
Ya con fecha 6 de marzo de 2018, a las 13:17 horas, se recibe escrito de la empresa en la que dicen haber consultado al personal y que el encargado de la obra asegura que le dijo el director de obra que el concejal Salvador le había solicitado la realización de los trabajos. Un extremo este último rotundamente falso como así ha quedado demostrado, refiere el concejal.
El alcalde interpone denuncia el 28 de febrero de 2019. Por eso el concejal se pregunta «¿Porqué espera un año después de haber recibido el escrito de la empresa para interponer la denuncia?». No duda el concejal en que la respuesta está en que «el alcalde esperó al proceso electoral y a montar todo el ruido mediático que montó con este tema, ruedas de prensa, etc».
Tras la sentencia de la Audiencia Provincial el edil José Manuel Salvador Turiño expresa el agradecimiento «a todos los vecinos, que han sido muchos, que durante este tiempo me mostraron su apoyo y confiaron en mi inocencia». Lamenta, por otra parte, que «estemos gobernados por personas sin escrúpulos, que utilizan la institución, el Ayuntamiento, y los recursos públicos de todos los benaventanos, en interés personal, abusando de su posición y de su cargo, que lo están haciendo con muchos vecinos, para hacer daño». Acusa al alcalde de tener «una doble vara de medir, ya que en su mandato se han realizado trabajos con personal del Ayuntamiento en terrenos privados y por la misma razón se le podría haber llevado al Juzgado».
