El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria aprecia indicios de un presunto delito de quebrantamiento de las medidas cautelares, de desobediencia a la autoridad judicial, en el caso de la difusión de audios de las oposiciones del Consorcio Provincial de Bomberos.
La jueza, tras la declaración de los investigados en las diligencias que se siguen por un presunto delito de revelación de secretos, ha decidido deducir testimonio de particulares por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, al no haberse cumplido con la orden (acordada en trámite de medidas cautelares) de prohibición de reproducir la grabación que se considera obtenida y publicada de forma ilícita.
En el mes de marzo de 2021 se presentó una querella por un bombero del Consorcio Provincial y el Director Técnico contra dos funcionarios interinos del mismo y un medio de comunicación por revelación de secretos al haberse grabado y posteriormente difundido una conversación privada mantenida por los querellantes. A finales de mes de mayo, la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria dictó auto de medidas cautelares en el que ordenaba la prohibición de reproducir y distribuir la citada conversación.
Tomadas declaraciones a los querellados el pasado día 26 de enero, la Juez ha resuelto deducir testimonio porque considera que puede haber indicios de delito por desobediencia a la autoridad por un posible quebrantamiento de la medida cautelar.
El Juzgado de Puebla acordaba en un auto de 27 de mayo de 2021 «el cese y la prohibición de reproducción, distribución y comunicación, pública o privada, total o parcial, de la grabación de la conversación» mantenida entre los Bomberos el 11 de octubre de 2020, «así como su transcripción escrita, debiendo de requerirse a los querellados para que se abstengan de continuar con dicha difusión». Una conversación obtenida entre dos bomberos del Consorcio Provincial sobre los cursos de formación en la Mancomunidad Tierras de Aliste y cuyo caso había ya archivado la Audiencia Provincial a mediados de marzo de ese año.
Las conversaciones se hicieron públicas, reproducidas por megafonía en la plaza Viriato de la capital zamorana, en concentraciones del grupo de bomberos críticos con el Consorcio Provincial, así como en el medio digital Zamora News.
La Jueza, con la adopción de las medidas cautelares, prohibió expresamente a Zamora News y a los querellados la difusión y reproducción de las conversaciones grabadas, extremo que desoyeron los querellados y el medio digital negándose a retirarlas en aras de la libertad de expresión. De todo ello, informó entonces Benavente Digital y Televisión Benavente.
