La asociación Jusapol, surgida en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de lograr una «equiparación salarial real», ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados.
La ILP arrancó en 2017, cuando gobernaba el PP, y pasó todos los trámites previos de la junta electoral, superando el trámite de la Mesa del Congreso y e incluso el debate en el pleno del Congreso, acordándose la tramitación con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos.
Pero la iniciativa decayó con la disolución de las Cortes en 2019 y tuvo que empezar de cero. Y, para «sorpresa» de Jusapol, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos decidió este año vetar la propuesta, frenando en seco su recorrido parlamentario. El Ministerio del Interior, en paralelo, ha aprobado el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial que contempla 807 millones, aunque Jusapol rechaza dicho acuerdo al verlo insuficiente.
«Creemos que el veto a la ILP no se corresponde al derecho, y por ello, presentamos recurso ante el Tribunal Constitucional», ha señalado Jusapol, que añaden que lo hacen porque «buscan la igualdad y la equiparación, un camino de no retorno».
