La Junta reclama 225 millones por la financiación autonómica tras autorizar a la Consejería de Economía y Hacienda la formalización de un requerimiento previo al Gobierno central. La medida busca ajustar las cuentas del ejercicio 2024 en cumplimiento estricto del principio de lealtad institucional entre ambas administraciones.
El Ejecutivo regional fundamenta este paso administrativo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. Con este requerimiento, la Comunidad persigue la anulación de la liquidación definitiva para sustituirla por un cálculo que contemple las compensaciones económicas pendientes.
Impacto de las rebajas fiscales en la recaudación autonómica
La cuantía global exigida por el Gobierno autonómico asciende exactamente a 225,4 millones de euros más los intereses legales. El desajuste financiero procede principalmente de las reducciones impositivas estatales aplicadas sobre el consumo energético durante el ejercicio presupuestario de 2024.
La pérdida de ingresos motivada por la rebaja del IVA supone el bloque principal de la reclamación, con un total de 162,4 millones de euros. Esta cifra engloba la menor recaudación directa del tributo junto a los recortes sufridos en las transferencias del Fondo de Garantía, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Cooperación.
El segundo gran apartado de la liquidación afecta a las modificaciones en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. En este concepto, la administración regional exige una compensación de 63,01 millones de euros por la merma en la recaudación de este tributo indirecto y su impacto directo en el Fondo de Garantía. En concreto, el procedimiento se formaliza al amparo de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el Ministerio de Hacienda. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico pretende alcanzar un acuerdo satisfactorio antes de valorar la vía judicial.
