La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora suscriben un convenio para la rehabilitación de inmuebles en el medio rural, destinarlos al alquiler social e integrarlos en el parque público de viviendas.
En cuanto a la selección de las actuaciones rehabilitadoras, habrá una Comisión de Seguimiento cuya decisión deberá basarse en los siguientes criterios: el inmueble debe ser de titularidad municipal, los municipios deberán tener menos de 5.000 habitantes y deberán tener demanda de viviendas en alquiler. El coste total de la rehabilitación no podrá superar los 40.000 euros+ IVA de Obra y 3.000 euros + IVA de honorarios o 43.000 euros + IVA de Obra y honorarios y, en caso contrario, deberá cubrirlo el ayuntamiento correspondiente, con quien habrá que firmar también convenios particulares. La cuantía del convenio con la Diputación asciende a 416.000 euros a cofinanciar al 50% entre ambas administraciones, la autonómica y la provincial.
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba esta mañana la medida incluida en el programa Rehabitare puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en la anterior legislatura en colaboración con los ayuntamientos y obispados y que ahora se amplía a las diputaciones. El convenio suscrito con la institución provincial zamorana junto al del resto de diputaciones de la Comunidad se inscribe en el marco de la Agenda para la Población 2010-2020, en la que se establecen los principios y medidas necesarias para fomentar el mantenimiento de la población, especialmente en el medio rural, y en donde se reconoce que el acceso a la vivienda constituye, junto con la generación de empleo y actividad económica, un aspecto fundamental para evitar su despoblación.
Con el programa Rehabitare la Junta ha destinado ya 11 millones de euros, se han rehabilitado en la Comunidad hasta la fecha 246 viviendas de titularidad municipal o eclesial con el objetivo de incorporarlas al parque público de alquiler social para ofrecerlas a familias con muy escasos recursos, priorizando a los jóvenes y a los colectivos especialmente vulnerables. Se trata, por tanto, de una iniciativa de marcado carácter social que, además, logra fijar población en el medio rural; evita el deterioro del patrimonio existente, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible en el territorio; y promueve la reactivación económica de los municipios rurales.
El convenio que se firmará con cada una de las nueve diputaciones establece que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contratará todas las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas. Las diputaciones provinciales, por su parte, prestarán el apoyo y coordinación necesaria con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles en la provincia correspondiente. Ambas administraciones financiarán las actuaciones de rehabilitación en los términos y porcentajes establecidos, que están fijados en un 50 %.
