A fecha 1 de abril de 2024, la provincia de Zamora registra un total de 47.663 personas que se benefician de pensiones públicas. Son precisamente los pensionistas zamoranos quienes reciben la pensión más baja de Castilla y León, ya que la pensión media reside en 1.067,61 euros, por debajo de todos los cómputos provinciales del territorio castellano y leonés que está en 1.251,31 euros. Por debajo de Ávila, cuya pensión media es de 1.099,79 euros que es su precedente en el ránking o de 1.376,94 euros de Valladolid la más elevada.
Los datos de la Seguridad Social arrojan también un número de pensiones de orfandad en la provincia de Zamora, de 1.576 con una pensión media de 522,66 euros y 423 ayudas a favor de familiares con 639,13 euros de pensión media.
La pensión media de la Seguridad Social del sistema asciende a 1.252,3 euros al mes en abril, un 5% más que hace un año y un 27% más que hace 5 años, en abril de 2019, gracias a las sucesivas revalorizaciones efectuadas desde entonces.
Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).
Si tomamos como referencia la entrada en vigor de la Ley 21/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, la pensión media del sistema se ha incrementado un 21,5% (marzo 2021), gracias en gran parte a la revalorización conforme al IPC aplicada en los últimos 3 años.
«La subida de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania nos ha demostrado que revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC por ley fue muy acertado. Es seguridad para nuestros pensionistas y es justicia social», asegura la ministra Elma Saiz.
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social este mes de abril ha sido de 12.710,8 millones de euros, para el pago de la mensualidad ordinaria, cifra que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Por clase de pensión
Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como viene siendo habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 9.302,6 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.104,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.098.8 millones, la de orfandad, a 171 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 33,9 millones.
De los 10,1 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,4 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (946.558), orfandad (341.436) y en favor de familiares (45.924). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%.
En abril, el número de pensionistas ha sido de 9,2 millones. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 prestaciones por persona.
La pensión de jubilación es la principal para 6,3 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres; en el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 96% son mujeres. Por otra parte, hay 942.053 perceptores de incapacidad permanente, 323.569 de orfandad, y 45.326 en favor de familiares.
Pensión media
Como ya se ha mencionado, la pensión media del sistema se sitúa en 1.252,3 euros al mes, un 5% más que hace un año.
La pensión media de jubilación, por su parte, es de 1.439,1 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.598,6 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 961,2 euros. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.798,7 euros, y es de 1.593,3 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de marzo de 2024 (último dato) a 1.490,5 euros mensuales.
En abril, la pensión media de viudedad, por su parte, alcanzó los 895 euros al mes.
De las nuevas altas en los primeros meses del año (82.562), el 65,8% fueron con edad ordinaria (54.368), mientras que un 10,7% se corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.
El número de jubilaciones anticipadas, por el contrario, baja considerablemente. En abril, el 34,1% de las nuevas altas han sido jubilaciones anticipadas, cuando hace un año eran el 45,1%, lo que supone un descenso de 11 puntos en 12 meses.
La media de tiempo de resolución de los expedientes en marzo (último dato disponible) fue de 9,38 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,53 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.
Con complemento de brecha de género
En abril, 729.048 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (655.508). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De las 729.048 pensiones complementadas, el 23,8% corresponde a pensionistas con un hijo (173.547), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (342.937); el 19%, con tres (138.395), y con cuatro hijos, el 10,2% (74.169).
Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.
Clases Pasivas
Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.574,8 millones de euros en el mes de marzo, último dato disponible. Esta cifra supone un aumento de 98 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,6% más.
El número de pensiones en vigor fue de 709.983, 15.457 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,2% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
