Los propietarios inician un procedimiento administrativo de reclamación de daños morales durante todos estos años que está cuantificado en 60.000 euros por propiedad o lo que es lo mismo 660.000 euros. No obstante emplazan al Ayuntamiento a negociar.
Tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del controvertido edificio de la calle Villalar de Benavente en la que se declara la legalidad del inmueble respaldando las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento, los propietarios de las 9 viviendas y 2 locales comerciales expresan su satisfacción al conocer ya que el edificio es legal pudiendo, a partir de ahora, realizar operaciones de venta o suscribir hipotecas. No obstante, a través de un procedimiento administrativo, reclamarán al Ayuntamiento de Benavente por los daños morales durante todos estos 16 años. Una cantidad que se ha barajado en 60.000 euros por cada propietario. Ello supondría que el Ayuntamiento tendría que resarcirlos con una cantidad total de 660.000 euros. Sin embargo, sí que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con el Consistorio, explicaba la representación de la propiedad en una rueda de prensa, esta mañana, ante las puertas del edificio de la calle Villalar, la abogada Inmaculada Benitez Gutiérrez.
La letrada, acompañada de la presidenta de la Comunidad de Vecinos, Sara Casquero, realizaba ante los medios informativos un repaso de la historia del proceso seguido durante estos 16 años, hasta llegar a la sentencia del TSJ, señalando que se ha logrado que se haya declarado la situación legal del edificio, porque hasta el momento no había una declaración oficial del Ayuntamiento de cómo se encontraba el edificio. «No se sabía si estaba ilegal, regularizado o fuera de ordenación». Eso sí, Benitez Gutiérrez apuntó a que el Ayuntamiento todavía mantenía una nota marginal en el Registro de la Propiedad donde consta que el edificio se halla fuera de ordenación.
Esta letrada alegó, no obstante, que la única finalidad de sus clientes pasaba por determinar la situación del inmueble y que se reconociera jurídicamente. Más aún, en el acuerdo de mediación intrajudicial entre el Ayuntamiento y Román Ávila, por el que este recibe 110.000 euros en compensación por los daños morales, la abogada de los propietarios incidía en que estos no entraron en ese acuerdo porque el Ayuntamiento les había presentado "un contrato en blanco", señalando que el Consistorio "asumía todas las obras que hicieran falta para legalizarlo pero si seguía siendo ilegal compensaría económicamente a los propietarios, pero no se decía ni cuándo, ni cómo, ni dónde».
Ese acuerdo de mediación entre el Ayuntamiento y Román Ávila, la propiedad no lo comparte, aunque acata la sentencia y como consecuencia de esa indemnización que va a pagar el Ayuntamiento de dinero de todos los vecinos, Román Ávila se comprometía a apartarse del procedimiento y «como eran los ejecutantes se archivaba la causa». «Nosotros tuvimos que recurrir ese acuerdo de mediación proque no decía nada en relacion al edificio y esta sentencia precisamente lo que ha hecho es reconocer la situación legal del edificio, cosa que hasta ahora el Ayuntamiento no había hecho, y gracias a ese reconocimiento de legalidad mis clientes podrán pedir licencia de obras, vender sus casas o hipotecarlas porque son vecinos como cualquiera que han invertido sus ahorros en intentar adquirir una vivienda y se han encontrado en esta situación», resaltaba la letrada de la comunidsad de vecinos indicando que «en ningún momento se ha pretendido obtener dinero, la única finalidad de la propiedad pasaba porque se legalizase el edificio».
«Si el Ayuntamiento hubiese reconocido la legalidad del inmueble, en base a esa licencia que se otorgó en el 2013, si hubiese dicho que era legal el edificio, se habría ahorrado mucho dinero» del erario público, seguía explicando.
Sin embargo, los propietarios mantienen la responsabilidad hacia el Ayuntamiento por daños y perjuicios ocasionados durante todos estos años. «No habrá recurso de casación ante la sentencia del TSJ, porque se ha logrado esa legalización del inmueble, pero los vecinos tendrán que volver a realizar obras». Unas actuaciones de obra consistentes entre otras en la sujeción de la barandilla de la escalera o intervenir en un muro de la propia escalera. La letrada indicó la cifra de 60.000 euros por vecino en compensación de daños morales durante todos estos años, cantidad que multiplicada por 11 propietarios, 9 viviendas y dos locales sumaría 660.000 euros. «Entendemos que la responsabilidad por daños morales se debe de mantener, al menos las medidas para solapar los daños. Ojalá el Ayuntamiento estuviera dispuesto a negociar con nosotros y no tuviéramos que llegar más allá», concluía la letrada de los propietarios del edificio de la calle Villalar.
