El caso permanece abierto en el juzgado desde hace más de cuatro años. El Juzgado declaró el carácter complejo de la instrucción en diciembre del 2019, ampliando el plazo de instrucción en 18 meses. La petición de sobreseimiento de las diligencias se produce con motivo del fallecimiento del encausado, ya que la Ley recoge que la acción penal y la responsabilidad criminal se extinguen con la muerte del culpable. Según el Partido Popular, en este plazo hay hechos que objetivamente han quedado demostrados:
La empresa que venía ofreciendo el servicio de hemodiálisis carecía de las autorizaciones administrativas preceptivas, licencia de apertura y de actividad, denegadas por el propio Ayuntamiento. Tampoco tenía autorización para su funcionamiento. Todo ello quedó acreditado por la propia Consejera de Sanidad, en agosto del 2021.
La Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de abril de 2016, y presidida por el exalcalde de Benavente, denegó las licencias solicitadas por la empresa, urbanística, primera ocupación y actividad. La decisión fue recurrida por la empresa y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Zamora desestimó su recurso en Auto de 17 de mayo 2017.
El propio exalcalde, decretó en noviembre del 2022, la caducidad del expediente Proyecto Básico de Ejecución de local para Centro de Hemodiálisis ubicado en la Calle Sanabria. Como consecuencia de esta actividad, el propio Ayuntamiento sancionó en reiteradas ocasiones a la empresa por molestias a los vecinos, sanciones que en algún caso superaron los 12.000 €.
Se ha demostrado que era falso que no pudiera realizarse el traslado del servicio de hemodiálisis a otras dependencias, como siempre pidió el PP, porque responsables del SACyL hubiesen amenazado de que dejaría de ofrecerse el servicio en Benavente; acusación utilizada por la defensa y que no ratificó el Gerente del SACyL en sede judicial.
Se cerró el servicio de diálisis que venía ofreciéndose en la Calle Sanabria, trasladándose el mismo al Hospital del Benavente, donde se atiende a los pacientes con todas las garantías desde marzo del 2022.
Como consecuencia de carecer de las preceptivas autorizaciones administrativas, las ambulancias no disponían de un espacio reservado para poder aparcar y dejar a los pacientes, viéndose obligados a sortear los vehículos aparcados frente al edificio, con los inconvenientes y molestias que ello suponía para los pacientes, por ejemplo, en días de lluvia.
La documentación acreditativa de lo sucedido durante todos estos años es muy abundante y, según el Partido Popular, demuestra claramente que el PP nunca pidió que se dejase de ofrecer el servicio de hemodiálisis; todo lo contrario, pidió que se llevase a cabo con todas las garantías y cumpliendo con la normativa. Desde la organización, consideran que «el PSOE lleva años intentando confundir a la opinión pública con este tema, intentando hacer ver que se trataba de un tema sanitario, cuando realmente se trataba de un tema urbanístico; ya que el servicio de diálisis podría haber sido ofrecido en otras dependencias, si se hubiese actuado diligentemente, algo que durante años no sucedió».
