El portavoz del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benavente, Jesús María Saldaña, insiste en la necesidad de restaurar la legalidad urbanística con las obras de la segunda fase del Hospital Comarcal. El concejal ha querido salir a la palestra a través de una rueda de prensa, más aún cuando el alcalde de Benavente llegó a decir de él que «como mínimo era un irresponsable». Para Saldaña la restauración de la legalidad es mínima, ya que consiste en realizar el cerramiento del patio del Hospital ajustado a la alineación oficial, sin repercusión alguna en el funcionamiento de los servicios, y no se han realizado las cesiones de una vía pública, a la vez que recordaba la cronología de sus requerimientos tras otorgarse la licencia municipal al Sacyl. «Es absolutamente desproporcionada la manifestación de que por mi culpa puede que haya que cerrar el Hospital, y calificar mi actuación como «al menos, irresponsable», explicaba Saldaña ante los medios visiblemente molesto con las acusaciones del regidor benaventano.
«El alcalde ya sabe que ahora hay una infracción urbanística, ¿que´es lo que va a hacer?, se pregunta, «además de desprestigiar a este concejal».
Saldaña aduce que no ha recibido contestación alguna del Ayuntamiento incidiendo en que los informes de la arquitecta municipal asumen todas las consideraciones presentadas por el grupo de Ciudadanos. Es decir, que las obras ejecutadas resultan incompatibles con el planeamiento urbanístico y que se debe restaurar la legalidad urbanística. Más aún, el portavoz de Ciudadanos puso como ejemplos de restauración de la legalidad, las actuaciones en las gradas de las pistas de atletismo o el caso del edificio Villalar, una obra con licencia municipal que incumple el plan general. Se indemniza al denunciante para que retire la denuncia, más gastos judiciales y asistencias jurídicas. Eso manteniéndose los incumplimientos, explica Saldaña.
El caso es que el portavoz de Ciudadanos, en su primer escrito con fecha 16 de junio de 2021, pone en conocimiento del alcalde que en las obras de ampliación y reforma del Hospital, la segunda fase, se han ejecutado obras de un cerramiento en el lindero con terrenos de la iglesia de San Juan que vulneran la alineación impuesta en el PGOUB y constituyen una infracción urbanística muy grave amparada por licencias urbanísticas municipales. Del mismo modo, se solicitó que se restaurase la legalidad y que se incluyese en el orden del día de la Comisión de Urbanismo.
Ante a falta de respuesta del Ayuntamiento y dado que la situación seguía igual, con fecha 1 de diciembre de 2021 Saldaña solicita que se le faciliten informes técnicos que han apoyado la no consideración de infración y que se incluya en la Comisión de Urbanismo. Con fecha 17 de enero 2022 reitera la petición, incidiendo en que no se había incluido en el orden del día de ninguna Comisión de Urbanismo.
En un informe de la arquitecta se centra en el cerramiento del lindero con el patio de la iglesia, «pero no se quiere ver», sigue explicando Saldaña, «que estoy hablando del cerramiento del patio del Hospital que debe ajustarse a la alineación que impone el PGOUB». Para Saldaña el que ha hecho la obra, que es el Hospital, es quien tiene que ceder el terreno, una parte se ha ocupado con jardines, aparcamientos, etc y no se ha cedido el vial que estaba previsto.
En la Comisión de Urbanismo de 3 de octubre de 2022 en el punto 4 de ruegos y preguntas al portavoz de Ciudadanos se le indica que «se ha abierto expediente y que está pendiente de informe». En el Decreto 2022/2336 dice el alcalde que se ha emitido informe por la arquitecta munipal con fecha 20 y 21 de julio de 2022, y jurídico el 20 de julio, es decir, 74 días antes del día que dicen que está pendiente de informes, sigue refiriendo Saldaña. Por eso señala: «parece que disfrutan mintiendo. Contra el hábito de mentir está perder la credibilidad».
Saldaña aduce que el decreto en cuestión de 15 de noviembre de 2022 señala que con fecha 16 de julio (según Saldaña el 16 de junio) dice que he presentado un escrito de alegaciones e instancia en el ejercicio de acción pública urbanística. Según la arquitecta, «la cuña de suelo situada entre los terrenos propiedad del obispado y la zona grafiada como equipamiento debió de ser objeto de urbanización y cesión por parte del titular de la licencia mediante una actuación aislada de urbanización. Más aún, la arquitecta municipal indica que las obras ejecutadas resultan incompatibles con el PGOUB, que los hechos pueden ser calificados como infracción muy grave y que no prescribe la acción administrativa para la protección y restauración de la legalidad urbanística sobre terrenos de dominio público y espacios libres públicos existentes o previstos. Por ello, se decidió incoar expediente de restauración de la legalidad urbanística.
Ante todo ello, el portavoz de Ciudadanos asegura que el alcalde es responsable de haber omitido el deber de restauración de legalidad urbanística.
