Un empresario ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Valladolid para aceptar un año de prisión y una multa de 1.440 euros por emplear a siete personas en trabajos de poda y adecuación de viñedos en La Seca (Valladolid) sin haberlas dado de alta en la Seguridad Social.
Los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2024, cuando una inspección conjunta de la UCRIF y la Inspección de Trabajo detectó a los siete trabajadores en una explotación agrícola situada en el camino del Puerto, en el paraje de Los Levantes.
Según la información facilitada sobre el procedimiento, todos los trabajadores eran de origen marroquí y ninguno figuraba dado de alta en el sistema de la Seguridad Social.
Cuatro trabajadores estaban en situación irregular
Durante la inspección, cuatro de los jornaleros se encontraban en situación de estancia irregular en España y carecían de autorización de trabajo.
Otros dos trabajadores tampoco disponían del correspondiente permiso laboral, mientras que una séptima persona sí contaba con documentación regularizada para trabajar, aunque tampoco estaba dada de alta en la Seguridad Social.
La normativa española establece que la autorización inicial para trabajar por cuenta ajena está vinculada al alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y exige al empleador cumplir con sus obligaciones laborales y de cotización.
El juicio está previsto para el 5 de octubre
El juicio está señalado para el próximo lunes 5 de octubre en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Aunque la vista sigue formalmente convocada, las partes prevén ratificar el principio de acuerdo alcanzado previamente.
La Fiscalía solicitaba inicialmente dos años de prisión y una multa de 4.500 euros, pero el pacto rebaja la pena a un año de cárcel y una sanción económica de 1.440 euros.
La empresa trabajaba como subcontrata
La empresa del acusado realizaba estos trabajos agrícolas como subcontrata en las fincas inspeccionadas.
En el momento de la actuación policial y laboral, la mercantil no tenía dado de alta a ningún otro trabajador dentro de su plantilla.
La legislación de extranjería también establece que el empleador debe solicitar la correspondiente autorización para contratar a una persona extranjera y cumplir con las obligaciones frente a la Seguridad Social.
