La Junta de Castilla y León sigue impulsando la modernización de la administración pública en la provincia de Zamora, con un enfoque claro en la simplificación administrativa y la digitalización de trámites para ciudadanos, empresas y entidades locales. La Comisión Territorial de Coordinación, presidida por el delegado territorial, Fernando Prada, reunió recientemente a jefes y gerentes de los distintos servicios territoriales, así como a la directora provincial de Educación, para analizar la gestión y coordinar políticas públicas orientadas a mejorar la atención al ciudadano.
Durante la reunión, Fernando Prada subrayó que “este proyecto busca facilitar múltiples gestiones a ciudadanos, empresas y administraciones locales, especialmente en provincias como Zamora, donde la dispersión territorial y el peso del medio rural hacen que la agilidad administrativa sea clave para el desarrollo”. El delegado destacó que la Junta ya ha puesto en marcha un ambicioso paquete de 54 medidas, publicado el 14 de julio, con el objetivo de reducir la burocracia y modernizar la administración en todos los sectores.
Entre las principales novedades, la Junta ha desarrollado nuevas aplicaciones informáticas, unificado formularios y fomentado la interoperabilidad entre consejerías y entidades locales. Un ejemplo concreto es la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda, que reducirá la documentación a presentar a la solicitud, el contrato y los justificantes de pago. Además, se han suprimido trámites como la obligación de solicitar informes de afección a la Red Natura 2000 o presentar certificados de titularidad bancaria en ayudas de comedor escolar.
El plan también abarca sectores estratégicos. En patrimonio cultural se digitalizarán expedientes; en Dependencia se podrá alternar servicios sin nuevas solicitudes; y en materia tributaria se agilizarán procesos de gestión y recaudación. La gestión de los 650 cotos de caza de la provincia se digitalizará, facilitando planes cinegéticos y solicitudes de control poblacional. En agricultura y ganadería, se simplifica el registro de explotaciones, se digitalizan partes de vacunación y se reducen plazos en concentración parcelaria.
Otro objetivo clave es aligerar la carga administrativa de los ayuntamientos y entidades locales, incorporando el silencio positivo en convocatorias, eliminando algunas certificaciones y simplificando la gestión de remanentes, lo que es especialmente relevante para los pequeños municipios con menos recursos técnicos.
El plan se implementará de manera progresiva y será evaluado en el tercer trimestre de 2026 para ampliar aquellas acciones con mayor impacto. Durante la Comisión, también se abordaron otros asuntos como la implantación de la tarjeta Buscyl, la campaña de vacunación frente a la gripe y otros procesos respiratorios, y las ayudas medioambientales y de empleo. Fernando Prada concluyó poniendo en valor “el esfuerzo constante de los empleados públicos y la coordinación entre los servicios territoriales, que hacen posible avanzar hacia una administración moderna, cercana y orientada al ciudadano”.
