Las plantas de biogás en Zamora se han convertido en el foco de un intenso debate social en la provincia. La plataforma «Zamora en Pie» celebró este viernes una charla informativa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Azoague para desgranar las «verdades y mentiras» que rodean a estos macroproyectos. Colectivos vecinales advierten de las graves repercusiones ambientales, sanitarias y económicas que estas instalaciones podrían acarrear para la comarca.
Durante el encuentro, Didy Aliedo, presidenta de la asociación Sanfonpi en Pie y tesorera de Zamora en Pie, expuso con dureza el impacto que la proliferación de estas industrias tiene sobre el entorno rural. Según explicó el colectivo, las plantas de biogás cuentan con chimeneas de emergencia sin filtros que emiten gases letales a la atmósfera en situaciones de sobrepresión.
A este problema del aire, explica, se suma la gestión del digestato, el residuo sobrante del proceso de descomposición. «No son solo los nitratos que entran; estas plantas gestionan lodos de depuradora, plásticos y restos de animales muertos», alertaron desde la plataforma.
La preocupación médica también ocupó un lugar central en la ponencia. Los portavoces recordaron que Zamora es una de las provincias con mayor incidencia de cáncer de colon, una problemática estrechamente vinculada a la alta concentración de nitratos en el agua de consumo. Aliedo alerta de que la filtración de los nuevos residuos industriales en los acuíferos no solo agravaría el problema interno, sino que causaría severas patologías cutáneas y alergias a la población al ducharse o lavar la ropa.
Tres proyectos previstos en la comarca de Benavente
La inquietud vecinal aumenta al comprobarse la cercanía geográfica de varias instalaciones proyectadas. Según la información que nos transmiten desde Zamora en Pie la provincia podría albergar más de 40 complejos industriales y en la comarca de Benavente ya se han detectado tres proyectos en un radio muy estrecho: Barcial del Barco, Castropepe y Castrogonzalo.
«El aire y el agua no tienen límites territoriales. El olor del digestato se extiende en un radio de 8 a 10 kilómetros según el viento, lo que impedirá abrir las ventanas o hacer vida normal en los pueblos afectados», señaló Aliedo.
El mito del empleo y los beneficios para la comarca
Frente a las promesas de reactivación económica que suelen acompañar a estas inversiones, la plataforma vecinal aportó datos técnicos para desmontar el beneficio. Un análisis detallado revela que estas plantas están altamente mecanizadas y generan apenas entre seis y ocho puestos de trabajo directos, una cifra insignificante en comparación con las casi 200.000 toneladas de residuos que procesan al año, sentencian.
Aliedo argumenta que en el plano fiscal, los ingresos para las arcas públicas locales son mínimos debido a las exenciones vigentes en la comunidad autónoma:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Una planta con una inversión de 42 millones de euros puede acogerse a una bonificación de hasta el 90%, llegando a pagar apenas 400 euros anuales, menos que una vivienda familiar media.
- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): Todas las empresas en Castilla y León disfrutan de una exención total durante los dos primeros años de actividad. Posteriormente, solo tributan si superan el millón de euros en beneficios, aportando cantidades testimoniales de entre 2.000 y 3.000 euros.
- Licencia de obras: Las tasas se calculan únicamente sobre la obra civil y no sobre la maquinaria tecnológica, reduciendo el pago municipal a un abono único y limitado.
«Olvidémonos de nuestra vida tal cual la conocemos, va a desaparecer»
El colectivo vecinal advirtió de que la instalación de estas macroplantas destruirá el tejido económico local, basado en el turismo rural, la hostelería y los pequeños comercios. La experiencia acumulada en municipios de otras comunidades autónomas como Navia (Asturias), Casarrubios del Monte o Cabezamesada (Toledo) y Balsa de Ves (Albacete) demuestra un patrón común: pérdida drástica de población, cierre de negocios locales por malos olores y una devaluación inmediata de las propiedades inmobiliarias y terrenos de cultivo.
La movilización ciudadana ya ha logrado reacciones en municipios zamoranos como Coreses o Toro, donde la oposición vecinal ha forzado a los ayuntamientos a revisar las licencias de compatibilidad urbanística otorgadas inicialmente. Desde «Zamora en Pie» instan a los habitantes de la comarca a informarse a fondo para paralizar unos proyectos que, aseguran, amenazan de forma directa el modo de vida de la provincia.
