La Consejería de Economía y Hacienda ha comunicado al Consejo de Gobierno el último informe del Plan de Medidas Antifraude de Castilla y León. El documento confirma de manera oficial que el uso de los fondos públicos europeos se está realizando con plenas garantías legales. Tras analizar los datos de fiscalización, el Ejecutivo autonómico concluye que los umbrales de riesgo de corrupción se sitúan en sus niveles mínimos históricos.
Este análisis anual constituye el cuarto balance desde que la Junta de Castilla y León validara su estrategia de transparencia en junio del año 2022. La supervisión resulta un requisito obligatorio e indispensable marcado por el Gobierno de España para poder gestionar las partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Gracias a la implantación de estas herramientas de control, la administración regional puede certificar ante la Unión Europea la correcta ejecución de los presupuestos asignados. Las auditorías internas demuestran que las medidas de prevención, detección y corrección están funcionando con éxito en todas las consejerías.
El riesgo de fraude objetivo se sitúa en niveles mínimos
El dato más relevante del documento es que el coeficiente total de riesgo objetivo se mantiene en los umbrales más bajos posibles. Los departamentos gestores de la comunidad han reforzado de manera constante los protocolos de control interno y la formación del personal funcionario.
Esto significa que cualquier peligro de conflicto de intereses en la adjudicación de contratos públicos o subvenciones está completamente monitorizado. El ecosistema institucional de la comunidad autónoma dispone de cortafuegos eficaces para neutralizar malas prácticas antes de que se consoliden.
Transparencia y optimización de recursos en la provincia de Zamora
La correcta aplicación de este programa de vigilancia económica repercute directamente en el tejido productivo de zonas como Benavente y toda la provincia de Zamora. La transparencia en los fondos de resiliencia garantiza que las ayudas al desarrollo rural, la digitalización de pymes y las obras de infraestructura se repartan bajo criterios de estricta concurrencia competitiva.
La limpieza en los procesos administrativos refuerza la seguridad jurídica de las empresas y dinamiza las inversiones de origen público en toda la región zamorana.
