La Junta de Castilla y León aplicará nuevas medidas para mejorar las condiciones de los empleados públicos de toda la comunidad Autónoma a lo largo de la presente legislatura. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido este martes un primer encuentro institucional clave con los sindicatos mayoritarios (CSIF, UGT, TISCYL y CCOO) integrados en la Mesa General de Negociación. Esta primera toma de contacto oficial sirve para asentar el diálogo social y definir las reformas estructurales urgentes que afectarán directamente a miles de trabajadores de la administración regional, tanto funcionarios como personal laboral, que garantizan el funcionamiento diario de servicios esenciales en centros educativos, sanitarios y oficinas comarcales.
Una Ley de Función Pública para modernizar la administración
El eje central del paquete de reformas de la Consejería de la Presidencia será la aprobación de una nueva Ley de Función Pública de Castilla y León. Este marco normativo general actualizará la organización del empleo público autonómico para adaptarlo a las necesidades de gestión actuales y a la creciente transformación digital de las instituciones locales y provinciales.
Según destacó el propio González Gago durante la mesa de negociación, los empleados públicos son «quienes hacen posible el funcionamiento diario de la Administración y garantizan que los servicios públicos lleguen con calidad a todos los rincones de la comunidad». El Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo más ágil mediante herramientas como la evaluación del desempeño, concebida como un instrumento de mejora organizativa y de impulso directo a la promoción interna.
Reclasificación profesional y nuevo convenio para el personal laboral
Una de las demandas históricas que mayor complejidad técnica entraña es la reclasificación profesional del personal laboral. Este proceso de gran envergadura general conllevará una mejora retributiva directa para los colectivos implicados y da continuidad a la integración del antiguo grupo V en el grupo IV efectuada en la pasada legislatura.
Las actuaciones dirigidas específicamente al personal laboral se estructuran en tres ámbitos:
- Reclasificación general: Adecuación de categorías según las nuevas exigencias de titulaciones y funciones.
- Actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT): Definición precisa de las estructuras de puestos, requisitos y funciones actuales en los servicios públicos.
- Convenio Colectivo: Negociación activa de un nuevo texto legal para modernizar de forma integral sus condiciones de trabajo.
Conciliación, carrera profesional y blindaje del medio rural
El plan estratégico de la Consejería de la Presidencia contempla el desarrollo de la carrera profesional horizontal con convocatorias anuales para todas sus categorías, incluyendo el estudio técnico para implantar la nueva categoría profesional IV. Asimismo, se negociará el sistema de concurso abierto y permanente para funcionarios, una herramienta diseñada para agilizar de manera notable la provisión de puestos vacantes y facilitar la movilidad voluntaria de los profesionales dentro del territorio autonómico.
Medidas de apoyo al empleado público rural
Con el objetivo prioritario de fijar talento en las zonas más vulnerables contra la despoblación, la Junta de Castilla y León mantendrá de forma específica los incentivos para puestos de difícil cobertura en el medio rural. Esta medida resulta fundamental para asegurar que las oficinas de asistencia al ciudadano, centros de desarrollo agrario y servicios de proximidad de las comarcas periféricas dispongan de plantillas estables y profesionales cualificados.
Además, la agenda de negociación colectiva para los próximos meses incluye la aprobación de un nuevo Plan de Igualdad para los empleados públicos, la regulación del derecho a la desconexión digital y la implantación de medidas específicas para la mejora de la salud laboral y la inclusión de personas con discapacidad.
Para la gestión de todas estas competencias de formación continua y especialización, la Escuela de Administración Pública de la región asumirá un papel protagonista, diseñando planes enfocados en la ciberseguridad y el uso ético de la inteligencia artificial dentro de la administración pública.
