El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benavente aprobó este jueves 22 de octubre la derogación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto de plusvalía municipal. La propuesta del equipo de Gobierno formado por PP y Vox salió adelante por nueve votos a favor y ocho en contra, emitidos por PSOE e Izquierda Unida. Se trata del acuerdo plenario que da continuidad a la eliminación del tributo anunciada el 13 de octubre.
La supresión está prevista para 2027, una vez concluyan los trámites legales necesarios. Hasta su entrada en vigor, la aprobación del pleno no implica que el impuesto haya dejado de exigirse de manera inmediata.
PP y Vox defienden el ahorro fiscal y la viabilidad económica
El equipo de Gobierno sostiene que la derogación aliviará la carga de quienes transmitan inmuebles urbanos en operaciones sujetas al impuesto, entre ellas determinadas compraventas, herencias y donaciones. El concejal de Vox Eugenio Blanco defendió durante el debate que la propuesta está respaldada por informes técnicos municipales y que su repercusión será asumible para las cuentas públicas.
Según las previsiones expuestas en el pleno, el Ayuntamiento calcula para el ejercicio actual una recaudación por este tributo de entre 100.000 y 130.000 euros. Estas cantidades son estimaciones presentadas durante el debate, no una liquidación definitiva.
PSOE e IU cuestionan la pérdida de ingresos
Los ocho concejales de PSOE e Izquierda Unida votaron en contra. Ambas formaciones advirtieron de que la decisión reducirá los ingresos municipales y criticaron las prioridades fiscales del Gobierno local.
Desde Izquierda Unida, Manuel Burón vinculó la medida con la subida del IBI aplicada durante el mandato y cuestionó su alcance para el conjunto de vecinos. La portavoz socialista, Patricia Martín, también rechazó la derogación y defendió la relevancia histórica de la recaudación del impuesto para el Ayuntamiento.
¿Cuándo dejará de pagarse la plusvalía en Benavente?
La fecha prevista es 2027, siempre que culmine el procedimiento normativo. La decisión adoptada en el pleno supone la aprobación de la derogación de la ordenanza, pero los efectos para los contribuyentes dependerán de su entrada en vigor conforme a la tramitación legal.
