La pobreza infantil severa en Castilla y León ha experimentado un preocupante aumento en 2023, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa ha crecido 3,5 puntos, situándose en el 14,1%, superando nuevamente la media nacional del 13,7%. Este es el tercer año en que la Comunidad supera los datos del país en este ámbito. Actualmente, 47.000 menores viven en condiciones de pobreza severa en Castilla y León, 10.000 más que en 2022.
Aumento preocupante tras la pandemia
La Plataforma de Organización de Infancia (POI) ha analizado este crecimiento durante una presentación en Valladolid, el pasado 18 de septiembre, señalando que el fin de las ayudas temporales implementadas durante la pandemia podría ser uno de los factores responsables de este incremento. Débora Quiroga, técnica de incidencia del POI, ha destacado que «hay menos niños pobres, pero los que hay son más pobres», reflejando el impacto desigual en la población infantil más vulnerable.
La pobreza infantil en cifras
A pesar del alarmante aumento en la pobreza infantil severa, Castilla y León presenta otros indicadores que son más positivos en comparación con la media nacional. Por ejemplo, la tasa Arope (indicador de riesgo de pobreza o exclusión social) se sitúa en un 25,5%, muy por debajo del 33,9% registrado a nivel nacional. Sin embargo, la tasa de pobreza infantil general afecta al 22,6% de los menores en la Comunidad, lo que equivale a 74.000 niños.
Carencia material severa: otro desafío
Otro dato preocupante es el aumento de la carencia material severa infantil, que ha pasado del 6,1% al 7,9% en un año. Aunque esta cifra sigue siendo inferior a la media nacional del 10,8%, es el segundo valor más alto registrado en la historia reciente de la Comunidad. Quiroga ha advertido de que esta tendencia al alza puede seguir creciendo si no se implementan medidas urgentes para frenar la precariedad en la región.
Propuestas para combatir la pobreza infantil
Ante estos datos, el presidente de la POI en Castilla y León, Hugo Abel Díez, ha propuesto diversas mejoras en las políticas sociales de la Comunidad. Entre ellas, ha destacado la necesidad de optimizar la Renta Garantizada Ciudadana y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), vinculándolo a la reducción del absentismo escolar. También ha subrayado la importancia de garantizar comedores escolares accesibles y fomentar un sistema educativo inclusivo, especialmente en una región con alta despoblación rural y un envejecimiento acelerado.
En términos de vivienda, la POI ha insistido en que el alto coste y la falta de viviendas sociales agravan aún más la situación, recomendando una mayor construcción de viviendas públicas y mejoras en la regulación del mercado de alquiler.
