El Comité de Autoridades Competentes del Duero, reunido ayer de manera telemática, ha conocido las directrices y objetivos de la revisión del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 2022-2027, aprobado en 2016. Un Plan que recoge un programa de medidas por importe de 143 millones de euros para reducir los riesgos de inundación bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación entre administraciones y respeto al medio ambiente. Así lo hace saber el organismo de cuenca.
Tal y como ha explicado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, el PGRI mejora la identificación de las zonas en riesgo y profundiza en los efectos del cambio climático, otorgando un mayor protagonismo a las soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración fluvial, infraestructuras verdes y otras medidas asociadas, compatibles con las adoptadas en el marco de la Directiva Marco del Agua.
Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de este segundo ciclo de planificación identifican un total de 26 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) en la demarcación hidrográfica del Duero, con 216 subtramos y una longitud total de 473,21 kilómetros. En ellos se incorporan mejoras importantes respecto al primer ciclo, con información más precisa y ajustada a las necesidades de gestión.
El objetivo es mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo, el conocimiento y la capacidad predictiva ante situaciones de avenidas e inundaciones para mitigar estos riesgos.
El Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación son elementos fundamentales para una gestión integrada de la cuenca, por eso, ambos procesos se están desarrollando de forma paralela para coordinar la nueva planificación.
El Comité de Autoridades Competentes es un órgano de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones en el seno de la demarcación hidrográfica, cuya función básica es la de garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas. Está integrado por representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales de la demarcación.
