Los grupos del PSOE y de IU, en el gobierno del Ayuntamiento de Benavente, someten al Pleno de mañana viernes una moción instando a garantizar el derecho al aborto, así como el rechazo de actitudes como las expresadas por el Gobierno de Castilla y León, y en defensa de la reforma de la Ley del aborto.
Ambos grupos políticos expresan su defensa de la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Del mismo modo, requieren que el Pleno apoye como un logro de los derechos democráticos el contenido de la reforma a la Ley del aborto y los nuevos derechos y garantías que consagra para las mujeres.
En la moción se insta al Gobierno de la Junta de Castilla y León a no aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Ley del aborto, asi como al Gobierno de España a que ponga en marcha cuantas medidas sean necesarias para evitar la existencia de ningún protocolo para las mujeres embarazadas tal y como han expresado los portavoces del Gobierno de Castilla y León.
Tanto PSOE como IU fundamentan la moción con los motivos que se reproducen literalmente:
El pasado 15 de diciembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde al Proyecto de Ley para reformar la actual Ley del aborto doce años después de su aprobación. Una mayoría parlamentaria ratificó un intenso (y amplio en términos de consenso) trabajo realizado meses antes por el informe que elevó un dictamen a la Comisión de Igualdad del Congreso. Este informe incluso puso sobre la mesa la modificación de aspectos del texto enviado inicialmente a los grupos parlamentarios, lo que demuestra el afán de mejora y la búsqueda de una mayor unidad en el órgano legislativo, a partir de la eliminación de la posibilidad de que un objetor de conciencia forme parte de los comités que evalúan la posibilidad de practicar un aborto después de las 22 semanas de gestación o que la paciente pueda acudir a la jurisdicción en caso de negativa de este comité.
Este acuerdo parlamentario que reforma la norma aprobada en 2010 supone aumentar las garantías sanitarias, los derechos y, en especial, la protección jurídica de las mujeres que libremente eligen ejercer el derecho a disponer de su cuerpo y la interrupción voluntaria del embarazo. Un derecho básico y socialmente reconocido como uno de los más defendidos y reivindicados por los movimientos feministas y la sociedad en general.
Esta necesaria reforma también expone de forma novedosa que las organizaciones antiabortistas no pueden contar con el apoyo institucional o presupuestario de las administraciones públicas y la promoción de campañas que eviten una velada defensa de formas de violencia en el ámbito reproductivo como la gestación subrogada. Dos aspectos imprescindibles para garantizar más y mejores derechos y no actuar como altavoz de quienes quieren sustraerlos por vías institucionales o propagandísticas.
Del mismo modo, se incorporan garantes para evitar que los profesionales de la salud que no sean objetores queden relegados exclusivamente a la práctica del aborto en los sistemas autonómicos de salud, así como para implementar análogamente a ello una homogeneización de los derechos a la interrupción del embarazo en la salud pública a nivel estatal, evitando la existencia de territorios donde no se practica el aborto y la necesaria dispensación gratuita de métodos anticonceptivos, así como de la píldora del día después.
Uno de los aspectos nuevos de esta reforma y que tuvo también un extenso trabajo en la comisión fue la eliminación del período de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir un sobre con políticas activas de maternidad, algo que era a todas luces una presión a las mujeres en un momento tan personal.
Desgraciadamente, la respuesta a esta reforma por parte de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha sido anunciar barreras y trabas para que la reforma de la ley no haya pasado por sus sistemas públicos de salud. Particularmente grave y preocupante es el caso de nuestra comunidad, Castilla y León, gobernada por una coalición entre el Partido Popular y Vox que anunció un “Protocolo de Atención a Mujeres Embarazadas” con la clara vocación de boicotear la nueva ley del aborto. Todo empezó con unas incendiarias declaraciones del vicepresidente autonómico, Juan García Gallardo, que habló de la incorporación de un protocolo para que las mujeres pudieran escuchar los latidos fetales, contemplar una ecografía 4D o incluso acceder a un psicólogo sin tener que pasar primero por Atención Primaria. El propio partido del vicepresidente, Vox, señalaba sin rubor en un tuit que “»Castilla y León se convierte gracias a Vox en la región de España donde las mujeres embarazadas tienen más información, libertad y apoyo. Un primer paso que demuestra que hay alternativa a las oscuras y nefastas leyes de la izquierda».
Pese a los intentos del Gobierno de la Junta por dar diversas y distintas versiones y los vaivenes en sus argumentos, que han ido desde negar un protocolo anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado el 12 de enero hasta anunciar cambios en un “protocolo fantasma” que supuestamente no existía e incluso anunciar que no sería un protocolo con requisitos obligatorios y que los médicos no estarían obligados a informar del mismo, lo cierto, es que Vox sigue insistiendo en la literalidad de lo expresado al inicio de la polémica.
Esta situación obligó al Gobierno de España a dirigir un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León el pasado domingo 15 de enero para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente mediante el que se requería a que lacomunidad “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa”con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, con el fin de paralizar la entrada en vigor de dicho protocolo previsto para el lunes día 16 de enero, con el
que se quería instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar
el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica.
Tras el requerimiento del Gobierno Central la Junta de Castilla y León acató formalmente el mismo asegurando que “no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno” y que “tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario, ni por escrito ni verbalmente”, pero a la vez el portavoz de la Junta expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a las embarazadas seguían adelante. Por ello, desde el ministerio de Presidencia se remitió carta a la Junta que si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, el gobierno de Castilla y León materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo en materia de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno de España tomará cartas en el asunto. “A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas
acciones legales resulten oportunas”.
Por las razones expuestas los concejales de los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida, presentan esta Moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Benavente.
