El informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024 ha sido aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Este documento oficial confirma el estado de conservación favorable del cánido en las regiones Atlántica y Mediterránea. Sin embargo, su validación llega con casi un año de retraso frente a las exigencias de Bruselas.
El consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Antonio Pino, ha criticado duramente la gestión del Gobierno central. El representante de la Junta de Castilla y León lamentó el bloqueo injustificado de un texto técnico que ya contaba con el respaldo autonómico desde 2025.
Pino exigió la remisión inmediata del documento a la Comisión Europea para frenar el expediente sancionador abierto a España. El retraso acumulado perjudica la toma de decisiones basadas en datos oficiales y actualizados sobre la realidad del campo.
La normativa europea estipulaba que el envío de los datos debía realizarse antes del 31 de julio de 2025. La demora convirtió a España en el único país de la Unión Europea penalizado por no entregar a tiempo sus censos de biodiversidad correspondientes al sexenio analizado.
El alarmante impacto de los ataques en la ganadería extensiva
Los datos recogidos en el informe sexenal del lobo contrastan fuertemente con la situación que afrontan los profesionales del campo. Los daños sobre las explotaciones ganaderas continúan aumentando por encima del 10 % anual en las comunidades autónomas afectadas.
El sector defiende que la gestión de la fauna silvestre debe proteger prioritariamente la viabilidad económica del medio rural. La convivencia entre el lobo ibérico y la ganadería tradicional se encuentra actualmente en un escenario crítico de vulnerabilidad.
El duro balance de pérdidas económicas en la región
Las cifras del último año reflejan la gravedad de la situación en el territorio de Castilla y León. Durante el pasado ejercicio, se registraron un total de 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas locales.
Estas incursiones dejaron un balance de 6.294 cabezas de ganado muertas y otras 585 heridas. Ante esta crisis, la administración autonómica tuvo que desembolsar más de 4 millones de euros en indemnizaciones directas para paliar los daños patrimoniales.
La ratificación definitiva del informe sexenal del lobo despeja el camino administrativo en Europa, pero no resuelve el conflicto latente en el terreno. El verdadero desafío consiste en aplicar medidas de gestión que aseguren la biodiversidad sin condenar al abandono a nuestros ganaderos.
