Los propietarios del edificio de la calle Villalar en Benavente sobre el que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo de mediación intrajudicial con el arquitecto Román Ávila, como ha venido informando Benavente Digital y Televisión Benavente, han recurrido tal acuerdo en el Juzgado al entender que constituyen la parte más perjudicada y se les ha dejado al margen.
El caso es que «el edificio queda fuera de ordenación y no es posible adecuarlo al PGOUB» como señala el propio Fallo judicial, pero la tercera parte (las dos intervinientes, Ayuntamiento y Román Ávila, llegan a un acuerdo de mediación) que es la comunidad de Propietarios se ha quedado al margen al estimar la jueza que no tiene la condición de ejecutante en el procedimiento.
El embrollo judicial se ha arrastrado durante años y años y el edificio se encuentra sin poder adecuarlo al Planeamiento General de Ordenación Urbana de Benavente.
Los propietarios recurren el Fallo judicial y el Ayuntamiento se defiende alegando con el acuerdo haber encontrado una vía de solución. La oposición municipal en bloque exige explicaciones a la alcaldía del porqué no se ha llegado a un acuerdo con la parte más perjudicada que son los propietarios de las viviendas, así como el hecho de porqué los vecinos de Benavente tienen que abonar esa cantidad de 110.000 euros y de dónde sale esa partida. Más aún, los grupos municipales del PP y de Ciudadanos se cuestionan acerca del «grave» precedente que se ha creado con este tema. Pagar con dinero público para que el denunciante no siga reclamando el cumplimiento de la legalidad y ello a sabiendas que el edificio no la va a cumplir nunca.
