La Junta de Castilla y León ha manifestado su postura «radicalmente en contra» del cierre de la planta de Bimbo en Valladolid, una decisión que afectará a 166 trabajadores directos y a entre 40 y 50 trabajadores indirectos. Así lo ha declarado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, quien ha apelado a la responsabilidad social de la empresa para reconsiderar lo que ha calificado como una decisión «inesperada».
Rechazo rotundo al cierre y acciones inmediatas
Leticia García ha subrayado que el Gobierno regional «rechaza de plano» la deslocalización de Bimbo en Valladolid y ha asegurado que trabajarán para que la situación «pueda revertirse». En este sentido, ha recordado que ya se ha activado un protocolo para abordar la crisis industrial desde el pasado 19 de octubre, un día después de conocerse la noticia del cierre.
Además, ha explicado que se encuentran pendientes de una reunión con la empresa, la cual ha solicitado de manera inmediata la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, por tratarse de una empresa agroalimentaria. García ha mostrado su confianza en que este encuentro tenga lugar «más pronto que tarde».
Fundación Anclaje y soluciones en marcha
La consejera también ha mencionado que el pasado miércoles 25 de septiembre se reunió el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje, el cual busca encontrar soluciones rápidas para evitar el cierre de la planta. García ha destacado que en dicha reunión se plantearon varias líneas de acción, todas dirigidas a convencer a la empresa de que hay alternativas viables para mantener la actividad en Valladolid.
Apelación a la responsabilidad social de Bimbo
García ha sido tajante al señalar que Bimbo está obligada a buscar alternativas. «Debe buscar financiación, captar inversiones y evitar deslocalizarse», ha afirmado, enfatizando que es imprescindible que la empresa reconsidere su postura. Esta llamada a la responsabilidad social cobra especial relevancia, ya que la planta tiene un impacto importante no solo en los trabajadores, sino también en el tejido económico y social de la región.
La consejera ha dejado claro que desde la Junta se seguirán tomando todas las medidas necesarias para proteger los empleos y evitar la marcha de la industria agroalimentaria, una situación que califican de «crítica» para Valladolid y toda Castilla y León.
