La oposición en el Ayuntamiento de Benavente pregunta al alcalde por qué motivo los vecinos van a tener que pagar por la infracción urbanística cometida en el edificio Villalar y de dónde va a sacar el dinero. Un pago por indemnización de 110. 000 euros exentos de impuestos y que el concejal Saldaña cifra en 6 euros por cada uno de los vecinos de Benavente.
A través de una rueda de prensa, los portavoces del PP y de Ciudadanos, Beatriz Asensio y Jesús María Saldaña, exigen explicaciones al alcalde sobre el acuerdo intrajudicial alcanzado con el arquitecto Román Ávila, dejando fuera del mismo a la otra parte fundamental como son los propios vecinos y moradores de las viviendas del edificio Villalar. Según adelantó en exclusiva Benavente Digital y Televisión Benavente, el Ayuntamiento de Benavente y la parte denunciante han alcanzado un acuerdo que contempla una indemnización de 110.000 euros y la restitución del honor e integridad de Román Ávila y su familia.
Los portavoces de la oposición municipal, del PP y Ciudadanos, refieren que el alcalde debe dar explicaciones ante «un hecho tan grave», preguntándose sobre la situación en la que va a quedar el edificio urbanísticamente hablando, ya que todos los informes técnicos que se conocen y se citan en el fallo judicial del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Zamora, tanto del Colegio de Arquitectos de León, el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento y del perito judicial contratado por el Juzgado, dejan claro que el edificio va a seguir sin cumplir el PGOUB, «porque es imposible realizar las obras necesarias para adaptarlas al Planeamiento Urbanístico».
Ante esta situación, desde el PP y Ciudadanos se preguntan «¿cómo es posible que el alcalde de Benavente, que es el garante de la legalidad urbanística de la ciudad y se la aplica a los vecinos llegando a autodenominarse el talibán de la legalidad, o al propio Ayuntamiento, como ha sucedido con su conocida postura y declaraciones en relación a las gradas de la ciudad deportiva, ahora ha llegado a un acuerdo mediante el cual lo que va a hacer realmente es pagar para que el denunciante no siga reclamándole el cumplimiento de la legalidad». Más aún, decían: «sabiendo, como lo sabe, que el edificio no la va a cumplir nunca».
«No entendemos y pedimos que se nos explique, por qué no se ha alcanzado un acuerdo con los más perjudicados en todo este asunto, que son los propietarios de los pisos, a los que no se ha tenido en cuenta su opinión», llegaba a decir en la rueda de prensa la portavoz del PP, Beatriz Asensio, apostillando que «a partir de ahora el alcalde queda invalidado para hacer cumplir y sancionar a ningún vecino por el incumplimiento de la legalidad urbanística, porque con su actuación ha perdido toda autoridad moral para hacerlo».
«El alcalde tendrá que explicar por qué motivo el pueblo va a tener que pagar por la infracción urbanística cometida en este edificio y de dónde va a sacar el dinero para hacerlo«, hacía hincapié la portavoz popular.
El concejal Jesús María Saldaña, como portavoz de Ciudadanos insistía en que era «inconcebible» porqué este acuerdo se ha alcanzado sin el acuerdo de una de las partes, como son los vecinos que se hacen cargo de una vivienda fuera de ordenación.
Sobre el acuerdo de indemnizar con una cantidad de 110.000 euros a Román Ávila, Saldaña se pregunta si hay una partida «desconocida» en los presupuestos municipales. Una circunstancia que le hace preguntarse a este concejal sobre cómo se pronunciará al respecto el Servicio de Intervención del Ayuntamiento. Según Saldaña, cada vecino tendrá que abonar 6 euros para afrontar este acuerdo de mediación.
Los portavoces del PP y de Ciudadanos reiteraron la exigencia de explicaciones en Comisiones Informativas extraordinarias de Hacienda y Urbanismo, como ya lo solicitaron recientemente ambas formaciones políticas.
En el acuerdo intrajudicial alcanzado entre dos partes, el Ayuntamiento y la parte denunciante, y como ya se publicó en este medio, el Ayuntamiento de Benavente tendrá que restituir públicamente el honor e integridad de Román Ávila, así como a su familia, a la par de indemnizarle con una cantidad de 110.000 euros por los daños morales derivados de los largos años del proceso. Unos daños morales de dificil cuantificación pero que se han valorado en una cantidad de 110.000 euros exenta de gastos e impuestos. Ya entonces, Benavente Digital publicaba que la Comunidad de Propietarios, que es la más afectada, se encuentra indefensa ante una compleja situación jurídica en todo el proceso, ya que la han dejado al margen.
