La Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de CCOO Castilla y León Tradecyl ha pedido reactivar ayudas para autónomos que se ven afectados por cierres establecidos para controlar la pandemia, pero también apoyos al pequeño comercio y al de proximidad, además de redes de comercialización con los agricultores y planes específicos para el rural en las vertientes administrativa, logística y fiscal.
Así lo ha señalado la responsable de Tradecyl, Rosa Eva Martínez, quien, acompañada por la técnica de la asociación Sara González, han presentado su informe sobre autónomos correspondiente al segundo trimestre de 2020, que refleja una continua caída desde 2017 hasta llegar a los 190.510 del segundo trimestre del año, lo que supone un 2,3 por ciento menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
En el marco de la presentación, Martínez ha señalado algunas de las reivindicaciones de los autónomos que deberían de llevarse a cabo ante la situación actual de pandemia, ya que han sido de los más «golpeados» por la crisis dada su «débil estructura empresarial», y ante los cierres que se han establecido para luchar contra la pandemia.
Así, en lo que se refiere a la Junta y los ayuntamientos, ha pedido que algunas de las medidas «transversales» que se pusieron en marcha al inicio de la pandemia por parte de estas administraciones sigan, fundamentalmente para el comercio, la hostelería, los feriantes o artesanos como son las relativas al pago del alquiler, a trabajadores afectados por cierres o para el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Rosa Eva Martínez ha reclamado estas medidas porque han tenido efecto anteriormente y cree que ahora, con los cierres temporales que se han adoptado, es necesario volverlas a poner en vigor para que los autónomos se puedan acoger a ellas.
Además de estas medidas, la responsable de Tradecyl ha propuesto otras a corto o medio plazo ante la situación que se sufre actualmente y que tienen que ver con cómo desarrollar la actividad ante una situación nueva que puede volverse a producir, «para que se tengan salidas en otras direcciones».
En concreto, ha apuntado la posibilidad de desarrollar plataformas de venta online por sectores y «a medida» para el pequeño comercio, algo que considera que si ya se hubiera puesto en marcha supondría que muchos comercios tuvieran mejor perspectiva de futuro.
Asimismo, ha abogado por redes de comercialización que engloben a comercio, agricultores y consumidores, de manera que se haga un «encaje colectivo» de productos que llegan de las tierras de la Comunidad, que se puedan solicitar a través de esta «red» y tengan un empuje de cara a estos servicios.
Por otro lado, ve necesario un impulso al comercio de proximidad con un tratamiento fiscal «diferenciado» mientras se va dando salida a la actual situación.
En este sentido, ha hecho especial referencia no sólo a la tiendas tradicionales, sino también que se ponga en valor al colectivo de quiosqueros, a los que no se ha tenido muy en cuenta, no han podido beneficiarse de muchas medidas y, aunque no han cerrado, han visto una disminución «muy importante» de sus ventas y tiene que hacer frente a los pagos.
MEDIO RURAL
Otra cuestión que Martínez ve «fundamental» en Castilla y León es el desarrollo de «planes especiales» de apoyo al comercio rural desde el punto de vista administrativo, logístico y fiscal, desde las tres perspectivas porque en muchos casos estas cuestiones suponen un desembolso importante para pequeños comercios de estas zonas y se puede ayudar.
Por otra parte, Martínez, quien ha incidido en que la mayor parte de los autónomos «está resistiendo» o intentando aguantar pese a la disminución de ingresos, también ha apuntado algunas medidas de carácter estatal que deberían tenerse en cuenta.
Así, ha apuntado la aplicación «inmediata» del cese actividad ante los cierres y la aplicación de los ERTE para quienes tengan trabajadores, que el Estado garantice liquidez con créditos ICO, la flexibilización de pagos o la aplicación del bono social de energía.
En la misma línea, Tradecyl considera necesario mantener que los autónomos que paguen por módulos puedan hacerlo por estimación directa ante los cierres de al menos 15 días para algunos sectores.
Además, Martínez ha pedido potenciar el pago por ingresos reales, algo sobre lo que han tenido muchas consultas en los últimos meses, ya que la bonificación de cuotas o ayudas van en función de la cotización y, en Castilla y León, el 85 por ciento de los autónomos lo hacen por la base mínima.
RADIOGRAFÍA
Según Tradecyl, en Castilla y León hay 190.510 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según la media del segundo trimestre de 2020, lo que supone un 21,5 por ciento de las personas afiliadas a la Seguridad Social, mientras que a nivel nacional son el 17,4 por ciento. El 33 por ciento son mujeres, mientras que en el resto del país ellas representan el 35,8.
En relación con el mismo periodo del año pasado, la afiliación de autónomos se redujo en Castilla y León el 2,3 por ciento y en España el 1,6, aunque con relación a 2019 Castilla y León sufre una pérdida de 0,1 por ciento.
Según el informe, el peso que tiene el sector agrario en la Comunidad a través de personas afiliadas tanto al RETA como al subrégimen denominado SETA representa el 15,4 por ciento (un 0,1 por ciento más que el año anterior) del total de personas afiliadas al RETA, frente al 5,8 por ciento de representación a nivel nacional.
El 21,6 por ciento de las personas afiliadas al RETA se dedican al comercio y la reparación de vehículos (baja un 0,3 en relación al año 2019) y el 20,7 por ciento lo hace en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), un 0,3 por ciento en relación al año pasado.
Además, se pierden personas afiliadas en el sector de la construcción, un 0,1 por ciento y en la hostelería e industria manufacturera un 0,2.
Teniendo en cuenta que no todas las personas afiliadas al RETA se consideran estrictamente autónomos, sino que una parte están integradas en sociedades mercantiles, cooperativas u otras figuras societarias, las personas físicas en Castilla y León son el 62,7 por ciento del total de la afiliación en el RETA, concretamente 120.121 personas, 2.890 menos que en el mismo trimestre de 2019.
De estos autónomos, las mujeres representan el 31,1 por ciento, lo que supone un incremento de un 0,2 con relación a 2019, mientras que a nivel nacional representan el 35,5.
De las 120.121 personas trabajadoras autónomas, 67.695 desarrollan su actividad en el sector servicios, lo que representa un 56,4 por ciento (lo que supone una pérdida de 1.897 personas en relación con 2019). A la agricultura se dedican 33.650 personas, lo que se traduce en el 28 por ciento, un 0,3 más que en 2019.
En cuanto a la edad, el 80,1 por ciento tiene más de 40 años (un 0,7 por ciento más en relación con el dato de 2019), por lo que el colectivo se encuentra más envejecido que en España.
Los menores de 25 años en Castilla y León representan el 1,3 por ciento (un 0,1 menos que en 2019), mientras que el resto del país suponen el 1,9.
De los 120.121 autónomos y autónomas personas físicas en Castilla y León, 98.337 personas, es decir, el 81,9 por ciento no tienen personas asalariadas, mientras que a nivel nacional no las tienen el 79,49 por ciento.
Comparativamente con los datos del año pasado, se ha registrado una pérdida mayor de trabajadores autónomos con personas asalariadas, un 6,9 por ciento, mientras que sin asalariados ha sido del 1,28. Además, Castilla y León duplica la pérdida con respecto a los datos a nivel nacional.
