El último pleno de Zamora ha estado marcado por importantes decisiones económicas y laborales, pero también por la protesta de empleados municipales, que acudieron a la sesión para mostrar su descontento.
Entre los acuerdos más relevantes, el Ayuntamiento ha aprobado las actuaciones para licitar de forma conjunta el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua, un contrato que supondrá una inversión superior a 20 millones de euros en la ciudad. Este proyecto incluye la modernización de redes, la digitalización de contadores o la mejora de infraestructuras clave como la depuradora o la potabilizadora. A cambio, la empresa concesionaria deberá abonar un canon anual de 675.000 euros.
Este nuevo contrato también implicará una subida del 10% en la tarifa del agua, la primera desde 2013. Desde el equipo de Gobierno se defiende como una actualización moderada, ya que en ese mismo periodo el coste de vida ha aumentado cerca de un 30%. En términos prácticos, supondrá unos 9 euros más al año para una vivienda media.
Además, el pleno ha dado luz verde a una modificación de créditos de más de 3,5 millones de euros, destinada a diferentes proyectos en la ciudad. Entre ellos destacan la ampliación de la Casa Consistorial, la creación y mejora de parques, la adquisición de vehículos para servicios municipales o iniciativas culturales como la museografía de las aceñas de Cabañales.
Uno de los puntos que más debate ha generado ha sido la aprobación de un suplemento de crédito de cerca de 170.000 euros para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales. La concejala de Personal, Laura Rivera, explicó que esta medida responde a la eliminación por ley estatal de los antiguos premios de jubilación, que solo beneficiaban a determinados trabajadores.
En su lugar, el Ayuntamiento ha creado un nuevo concepto retributivo, el complemento de productividad por permanencia y fidelidad, que se aplicará a toda la plantilla en función de los años de servicio. Tal y como señaló Rivera, “lo que era un derecho para unos pocos anulado por ley se transforma en un nuevo derecho para todos y para todas”. Este complemento oscilará entre 1.039 y 2.425 euros, dependiendo de la antigüedad del trabajador.
La concejala defendió que la medida cumple con el compromiso político de mantener y ampliar derechos laborales, subrayando además su carácter retroactivo desde octubre de 2021. “Se ha tardado, pero no ha dejado a nadie atrás”, aseguró, explicando que el retraso se debe a la complejidad de encontrar una fórmula legal que garantizara su aplicación.
Durante su intervención, Rivera insistió en que ha existido “voluntad política” y “compromiso”, y calificó la medida como una mejora laboral novedosa dentro de la administración local.
Sin embargo, estas explicaciones no evitaron el malestar de parte de la plantilla, que acudió al pleno en señal de protesta, reflejando la tensión existente en torno a las condiciones laborales y la gestión de estos cambios.
En el apartado social, la sesión también sirvió para aprobar por unanimidad la adhesión a la Declaración de Córdoba por ciudades accesibles y el apoyo al manifiesto del CERMI, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Además, se incorporaron nuevas asociaciones al registro municipal.
El pleno de Zamora deja así un escenario de importantes inversiones y avances administrativos, pero también evidencia la necesidad de diálogo con los trabajadores en un momento clave para la gestión municipal.
