Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Beatriz García González, secretaria de Educación UGT SP CyL, Gabriel Villarrubia González, responsable de Universidades UGT-SP CyL, y Alegría Alonso González, delegada de UGT SP en la Universidad de Salamanca han ofrecido hoy una rueda de prensa para denunciar la “insostenible” situación de las cuatro universidades públicas de Castilla y León: la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca, la Universidad de León y la Universidad de Burgos.
Según UGT, la Junta de Castilla y León se niega a trabajar en la normativa de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) en nuestra comunidad. Cabe recordar que esta Ley entró en vigor en abril de 2023 y, sin embargo, la JCyL no convocó a los agentes sociales para trabajar en el convenio colectivo y conseguir un acuerdo autonómico que permita actualizar, unificar y mejorar las condiciones laborales de los docentes, los administrativos y los investigadores. Al no existir acuerdo autonómico que aúne estas cuatro universidades, la organización sindical asegura que “cada una está haciendo un poco lo que le viene en gana y está llegando a acuerdos propios con diferencias muy significativas entre sí”. En
consecuencia, nos encontramos dentro de nuestra comunidad con trabajadores desarrollando la misma labor, pero con unas grandes diferencias salariales y retributivas entre sí, además de condiciones en el desarrollo de su carrera profesional muy diferentes.
Convocatoria urgente mesa de negociación
Por eso, desde el sindicato exigen a la Junta que convoque de forma urgente la mesa de negociación del tercer Convenio Colectivo del Personal Docente Investigador Laboral de Castilla y León puesto que, con la implantación de la nueva ley orgánica del sistema universitario, es de vital importancia en estos momentos actualizar y mejorar las condiciones laborales de los profesores, los investigadores y los administrativos. Y es que la convocatoria de un convenio colectivo en la universidad no solo es un requerimiento legal, sino que es el punto de encuentro donde tiene lugar la discusión para mejorar la calidad del trabajo y la enseñanza en la educación superior.
Este convenio es muy importante para muchos trabajadores del sistema Universitario de Castilla y León, ya que en él se discute, entre otras muchas cosas, las nuevas remuneraciones de los distintos tipos de contratos que se van a ir realizando en las universidades en los próximos años, aunque algunos de ellos ya se están formalizando en el presente. Sin embargo, hace casi dos años que no se celebra una mesa de negociación entre ambas partes.
Desde el sindicato explican que, para puestos de trabajo concretos con las mismas funciones y obligaciones, unas personas tienen una remuneración y otras otra dependiendo del centro en el que trabajen y la diferencia salarial es muy dispar: “Cuando digo dispar” señala el secretario de universidades de UGT SP en Castilla y León, “no quiero decir que sea unos céntimos arriba o abajo, sino que tenemos diferencias de varios miles de euros anuales. Para que se hagan también idea de la situación actual, el colectivo de los profesores permanentes laborales, que es una figura nueva de la LOSU conocida como PPLs, tienen un salario medio que ocupa el último lugar, si lo comparamos, por ejemplo, con cualquier autonomía del territorio nacional. Estamos en el último puesto en cuanto a remuneración en nuestro país.
Otro ejemplo también muy llamativo es la figura del profesor sustituto, una figura aún más precarizada y también nueva en la LOSU, de la que se está haciendo un uso abusivo. Imparte 24 créditos, que es la máxima carga docente lectiva que permite la ley dar a un profesor de universidad, y cobra nada más y nada menos que 1050 € brutos. Es decir, cobra mucho menos que un docente de educación secundaria en Castilla y León”.
Además del personal docente e investigador, el personal administrativo de las universidades aduce que su situación “es todavía más sangrante” porque tienen un convenio colectivo firmado en 2006 que no recoge las categorías profesionales reales existentes en la actualidad, como los informáticos y los gestores de investigación, y ni siquiera ha introducido las mejoras retributivas recogidas en el último TREBEP, que incrementaría los derechos del colectivo.
Para finalizar, Pérez Urueña ha advertido que la universidad, tras sanidad y educación, es la administración que más empleo genera, pero la Junta de Castilla y León “se está especializando en la inacción para provocar el desmantelamiento de lo público y, en consecuencia, su desprestigio frente a las universidades privadas, de las que cada vez hay más en nuestra comunidad”.
