La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado sentencia por uno de los casos funerarios más impactantes de Castilla y León. El tribunal considera probado que, durante cerca de dos décadas, responsables y trabajadores vinculados al grupo El Salvador sustituyeron ataúdes antes de las incineraciones sin conocimiento de las familias, para reutilizar los féretros contratados en otros servicios.
La resolución, conocida este miércoles 28 de octubre, establece siete condenas de prisión de entre tres años y tres meses y siete años y medio por un delito continuado de estafa agravada. Otras 16 personas han resultado absueltas. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Miles de familias afectadas por la sustitución de féretros
Según los hechos declarados probados, los cuerpos eran retirados de los ataúdes elegidos y pagados por sus familiares antes de la cremación. Las incineraciones se realizaban con féretros de menor valor y los originales eran recuperados para emplearlos de nuevo.
Los magistrados cifran en al menos 5.688 las sustituciones fraudulentas y calculan un beneficio ilícito aproximado de 1,36 millones de euros. Las familias desconocían esa operativa cuando contrataban el servicio funerario.
Penas de hasta siete años y medio
La pena más alta corresponde a Ignacio Morchón, considerado responsable del grupo empresarial, condenado a siete años y seis meses de cárcel. Sus hermanas Rosario y Laura reciben penas de siete años y de seis años y medio, respectivamente. Cuatro trabajadores vinculados al servicio funerario han sido condenados a penas de entre tres años y tres meses y cinco años y nueve meses.
El tribunal absuelve a los otros dieciséis procesados porque no considera acreditada su intervención consciente en la estafa. También descarta para los acusados los delitos de profanación de cadáveres, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Más de 8,4 millones de euros para los afectados
En concepto de responsabilidad civil, la resolución fija más de 8,4 millones de euros en indemnizaciones, con una compensación general de 1.000 euros por servicio afectado, además de cantidades adicionales para tres personas con daños psicológicos acreditados.
La Audiencia establece la responsabilidad subsidiaria de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador en caso de impago por parte de los condenados.
La investigación se apoyó, entre otras pruebas, en fotografías, vídeos y registros reunidos por un antiguo empleado. La decisión judicial supone un paso decisivo en el proceso, aunque el eventual recurso impide dar el fallo por firme.
