El Consejo de la Juventud de Castilla y León reclama más apoyo para las Escuelas de Tiempo Libre tras un estudio que revela sus principales dificultades

El informe, presentado junto al Consejo Económico y Social, analiza la situación actual de las Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre en Castilla y León, destacando su valor educativo y los retos que enfrentan tras la aprobación del nuevo Decreto 21/2023.

El Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) ha presentado este 5 de noviembre el Estudio sobre Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre en Castilla y León, un documento que analiza en profundidad el estado actual de estas entidades formativas, claves en la educación no formal de la comunidad.

La investigación, realizada con la colaboración del Consejo Económico y Social (CES), recoge la participación de 20 escuelas y ofrece una visión detallada sobre su funcionamiento, retos y aportaciones tras la entrada en vigor del Decreto 21/2023, de 19 de octubre.

Según la presidenta del CJCyL, Sandra Ámez Sáez, el estudio “va más allá de un diagnóstico; es una radiografía del presente de las Escuelas de Tiempo Libre y una llamada a impulsar cambios futuros”.

Por su parte, Enrique Cabero Morán, presidente del CES, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Consejo de la Juventud y la reciente firma de un protocolo de colaboración que permitirá elaborar más informes de este tipo.

Las escuelas de tiempo libre, motor del asociacionismo juvenil

Desde hace más de cuatro décadas, las Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre representan un pilar esencial en la educación no formal de Castilla y León. Son espacios donde miles de jóvenes viven su primera experiencia educativa, social y participativa.

El estudio revela que el 85 % de las escuelas son privadas sin ánimo de lucro, mientras que solo el 15 % pertenecen al ámbito público, lo que evidencia el papel fundamental del tejido asociativo y el voluntariado en su sostenimiento.

A pesar de su pluralidad, estas entidades reclaman mayor flexibilidad normativa y recursos adaptados a su diversidad.

Adaptación al nuevo decreto y principales dificultades

El informe constata que el 70 % de las escuelas ya se ha adaptado al nuevo Decreto 21/2023 y un 20 % está en proceso de hacerlo, reflejando su compromiso con la formación juvenil en la comunidad.

Sin embargo, esta transición no ha estado exenta de dificultades. Nueve de cada diez escuelas denuncian exceso de burocracia, falta de claridad normativa y deficiencias en infraestructuras y herramientas digitales.

Además, el 35 % de las entidades califica el apoyo institucional como insuficiente, con una puntuación media de apenas cinco sobre diez.

Otro de los puntos críticos es la rigidez en los requisitos del profesorado. El decreto exige que los docentes cuenten preferentemente con una titulación oficial expedida por la Junta de Castilla y León, algo que muchas escuelas consideran una barrera operativa y económica debido al coste de obtención del título y a la falta de oferta formativa.

Un sector que reclama reconocimiento y flexibilidad

El 75 % de las escuelas considera injusto el proceso de adaptación al sistema de Certificados de Profesionalidad, ya que no se reconoce la experiencia acumulada del sector y se favorece al ámbito empresarial, con mayor capacidad económica para asumir los nuevos requisitos.

Las entidades piden reconocimientos automáticos o procesos ágiles y gratuitos de acreditación, al tiempo que alertan de una pérdida del componente vivencial y vocacional en la formación, lo que ha provocado una caída de la demanda en casi la mitad de las escuelas.

Asimismo, señalan un cambio en el perfil del alumnado, más enfocado en obtener la titulación que en formarse desde la motivación o el compromiso educativo.

Propuestas para fortalecer la educación no formal

El Consejo de la Juventud de Castilla y León plantea en su estudio una adaptación normativa más justa y flexible, acompañada de subvenciones autonómicas estables, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y precios públicos asequibles para los cursos oficiales.

También propone reforzar la colaboración con diputaciones y ayuntamientos, así como financiar los cursos de profesorado y dirección, el reciclaje pedagógico y los procesos de acreditación por experiencia profesional.

Con estas medidas, el Consejo busca preservar el espíritu educativo y social que ha hecho de las Escuelas de Tiempo Libre un referente en la formación en valores, el trabajo en equipo y la participación juvenil.

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