El Equipo de Gobierno ha exigido «coherencia» a la oposición formada por el Partido Socialista e Izquierda Unida ante sus recientes peticiones de dimisión en el Consistorio. La corporación local considera que las demandas de los grupos políticos de la oposición responden a una interpretación parcial y manipulada de la resolución judicial sobre un conflicto laboral.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente recuerdan que el dictamen no atribuye responsabilidades ni condena por acoso personal a la alcaldesa ni a ningún concejal. La condena económica afecta únicamente al Ayuntamiento de Benavente en su calidad de institución empleadora y no implica responsabilidad contable individual sobre los representantes públicos.
El Ejecutivo municipal enfatiza que los representantes de la oposición están obviando los hechos que la magistrada ha dado por no probados en su dictamen. El fallo judicial desestima de forma explícita las conductas vejatorias expresadas en la demanda inicial, descartando cualquier plan de acoso. Asimismo, indican que la resolución no acredita la existencia de un plan común, sistemático o concertado para generar hostigamiento hacia la persona demandante. Tampoco se dan por probadas las supuestas amenazas, insultos o episodios de violencia descritos por la acusación en relación con los hechos alegados.
Por otro lado, destacan que el pronunciamiento legal tampoco considera persecución las comunicaciones mantenidas fuera de la jornada de trabajo habitual. Además, el juzgado verifica que la propia demandante promovió la apertura de conversaciones fuera de su horario laboral y confirma que las tareas cuestionadas tenían plena cobertura en las funciones correspondientes a su puesto.
Actuación de la Comisión de Igualdad e Inspección de Trabajo
Un punto central analizado por la jueza radica en el tiempo de tramitación del protocolo interno en la Comisión de Igualdad y Acoso municipal. Desde el consistorio remarcan que la sentencia refleja de forma clara que el retraso en este procedimiento vino motivado por la oposición letrada de la demandante a la aplicación del protocolo y a la búsqueda de un instructor externo. Los integrantes de la comisión buscaron en todo momento la máxima garantía procesal para las partes, lo que derivó en complejidad administrativa. Igualmente, la propia Inspección de Trabajo concluyó tras sus comprobaciones que no se pudo constatar la existencia de acoso laboral hacia la trabajadora.
El texto de la jueza ratifica que la institución cuenta con un protocolo frente al acoso vigente desde 2010 y con un canal interno de denuncias operativo. Respecto a la documentación médica aportada, la resolución aclara que no constituye una prueba pericial causal que permita atribuir la patología al entorno laboral como causa única.
La corporación apela al historial de condenas de la oposición
Al mismo tiempo, el actual equipo gestor ha recordado a los dirigentes Patricia Martín y Jesús Nieto que durante su etapa de gobierno el Consistorio afrontó numerosas resoluciones condenatorias. El Ayuntamiento tuvo que asumir en aquel periodo importantes indemnizaciones derivadas de conflictos con empleados de la plantilla municipal sin que se produjeran las dimisiones que reclaman hoy. En concreto, exponen que entre los fallos de la anterior legislatura figuró el abono de una indemnización por daños morales que superó los 100.000 euros abonados con fondos públicos. Los actuales responsables políticos señalan que aquel gabinete asumió haber causado esos daños morales sin que sus miembros dimitieran o pagaran los costes de sus bolsillos.
El gobierno local sigue haciendo frente en la actualidad a pagos indemnizatorios derivados de denuncias y procedimientos originados durante la etapa de PSOE e IU. La corporación critica la doble vara de medir utilizada por la oposición al exigir responsabilidades personales que ellos evitaron aplicar en el pasado.
Por último, desde el Consistorio aseguran que mantendrán la defensa del interés general ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recurriendo la resolución de primera instancia. Asimismo, el gobierno local remarca su compromiso con la gestión económica responsable y el uso riguroso de los recursos públicos municipales.
