El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Benavente ha registrado una moción para que en la próxima sesión plenaria se muestre el apoyo al sector remolachero azucarero de Castilla y León por considerar que reviste especial interés un apoyo inequívoco
En la moción de los populares se requiere que el Ayuntamiento Benavente, inste al Gobierno de España a que manifieste su total rechazo y, en consecuencia, solicite la retirada de la propuesta de aumentar el IVA del 10% al 21% para las bebidas carbonatadas y azucaradas en España.
Del mismo modo, se incide en que se solicite al Gobierno la retirada inmediata de la campaña de consumo contra el azúcar, denominada “#ElAzúcarMata” en la que incluso se compara indebidamente al azúcar con el tabaco, y que sea sustituida por campañas informativas y educativas dirigidas a promover hábitos de consumo responsables, todo ello en colaboración con el sector remolachero-azucarero.
La propuesta pide reforzar esta posición con adhesiones de entidades y colectivos que apuesten por el sector remolachero-azucarero de Castilla y León, contribuyendo al desarrollo de nuestras zonas rurales.
La mocíon se justifica asi:
Recientemente, el Gobierno de la Nación ha comunicado a la Comisión
Europea su intención de aumentar el IVA de las bebidas azucaradas y
edulcoradas del 10% al 21%, con el presunto objetivo de favorecer hábitos más saludables. La medida parece ser que forma parte del plan presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas con las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Aunque este impuesto lleva tiempo considerándose por los últimos ministros de Hacienda de España, pero nunca ha salido adelante por la incidencia en el sector remolachero y en la sociedad de Castilla y León. Ahora el Gobierno de la Nación propone añadir este tributo al sistema fiscal para su aplicación en el conjunto de España. Una inclusión que es además completada con una perniciosa e incriminatoria campaña desde el Ministerio de Consumo en la que, se comparan los efectos del
azúcar con los del tabaco para desalentar su consumo.
La aplicación de esta propuesta fiscal y de tan nefasta campaña
criminalizadora del azúcar causará un gravísimo impacto en sectores de actividad seriamente afectados por la actual crisis económica derivada de la gestión de la pandemia de coronavirus, (industria alimentaria de bebidas y zumos, hostelería, restauración, etc.), y por supuesto en el sector remolachero-azucarero (sectorproductor de remolacha y sector industrial de extracción del azúcar) en el empleo y en el mundo rural de Castilla y León.
Respecto del sector remolachero-azucarero, conviene volver a recordar que el sector productor de azúcar en España lleva padeciendo una profunda reestructuración desde 2005, que ha provocado la reducción del 50 % de la cuota de producción de azúcar, situándose actualmente en algo menos de 500.000 tm, de las cuales el 85 % se molturan en Castilla y León. Es un sector del que dependen 4.000 agricultores, que cultivan unas 30.000 hectáreas en España. Prácticamente el 70 % del cultivo se localiza en Castilla y León.
Asimismo, existen cinco plantas transformadoras de azúcar en España, 4 de ellas en Castilla y León, que dan trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a unas 1.500 más.
En definitiva, unas 6.000 personas dependen del sector azucarero en España. El 70 % en Castilla y León. Siendo un sector económico, el remolachero azucarero, que genera un impacto económico y social muy importante.
Por otra parte hay que tener en cuenta que en 2017 finalizó el proceso de
reestructuración azucarera con la eliminación de las cuotas de producción. Esta nueva etapa se abre como una buena oportunidad para que el sector se refuerce en España, gane mercado interno y posibilite su crecimiento y gane competitividad. Si se añade un elemento contrario a este planteamiento, en el sentido de reducir el consumo, el sector perderá su oportunidad teniendo que reducir aún más su producción, lo que llevará
consigo pérdida de puestos de trabajo y abandono de la producción remolachera por agricultores.
Las reacciones a esta actuación del Gobierno de España no se han hecho
esperar. El Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla se ha mostrado muy crítico con la propuesta fiscal (“injusta, discriminatoria y creada con un
afán recaudatorio”) y con la campaña publicitaria iniciada y ha solicitado su retirada por considerarlas un despropósito.
También la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), La Confederación Empresarial de la Hostelería de España y la Asociación de Bebidas Refrescantes, (ANFABRA), se pronuncian en sentido similar y consideran que sería un nuevo golpe para un sector ya muy perjudicado por la crisis. Incluso la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León ha pedido al ministro de Consumo que no criminalice al sector del azúcar.
Además, hay que recordar que, según afirma ANFABRA, “los refrescos sólo
aportan el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles y, por ello, no se entiende que se quiera castigar el tomar estos alimentos cuando pueden formar parte de una dieta equilibrada”.
A Mayores, a través de un manifiesto el 4 de noviembre se ha repasado la
situación actual del sector remolachero-azucarero, defendiendo la importancia del mismo en nuestra comunidad y pronunciándose en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno de España. Este pronunciamiento contó con el apoyo de 23 entidades de nuestra región, encabezadas por la Junta de Castilla y León, alcaldes de los principales ayuntamientos de las zonas remolacheras, sindicatos agrarios, asociaciones empresariales y profesionales del sector.
Incluso, las Cortes de Castilla y León, también el pasado 4 de Noviembre, han aprobado una Proposición no de Ley, sin ningún voto en contra, en defensa del sector remolachero-azucarero, pidiendo al Gobierno de España que no se suba el IVA, y que se retire la campaña contra el consumo del azúcar.
Por tanto, como ya hemos venido reiteradamente manifestando los problemas de salud relacionados con consumos abusivos deben tratarse, lejos de criminalizar a los productos, con buenas campañas de información y educación de la población respecto de hábitos responsables de consumo.
Concluye el Grupo Municipal del PP señalando que educar es preferible a gravar con impuestos o prohibir. Si la causa subyacentede un consumo abusivo es un problema de falta de información o de concienciación, el
impuesto podrá restringir el consumo y afectar al sector productor, pero no creará, de facto, consumidores más educados: simplemente, desplazará sus consumos a otros sectores o productos. Y no parece ni eficaz ni una buena práctica entrar en una espiral de poner impuestos a todo producto que pueda llegar a ser considerado “malo” por razones más relacionadas con los hábitos del sujeto que lo consume que con la propia naturaleza del producto.
