
La vandalización de radares de control de velocidad instalada en diversas carreteras convencionales de Castilla y León ha puesto en alerta a las autoridades. La Dirección General de Tráfico (DGT), junto con los agentes de la Guardia Civil, ha iniciado una investigación para localizar a los responsables de estos actos vandálicos y tomar acciones legales en su contra.
En Castilla y León, al igual que en otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, se han identificado al menos dos casos de sabotaje en radares de tramo y fijos. Estos dispositivos son esenciales para garantizar la seguridad vial, ayudando a prevenir accidentes graves causados por el exceso de velocidad, que según diversos estudios, es responsable del 30% de los accidentes mortales en las carreteras.
Coste de reparación
Además de los daños patrimoniales, los responsables deberán asumir el coste de reparación de los radares, cuyo valor asciende a unos 67.000€ para los fijos y 66.000€ para los de tramo. Estos puntos de control de velocidad son herramientas clave para la seguridad de todos los conductores, y su vandalización pone en peligro la integridad de los usuarios de las vías.
La DGT ha reforzado la vigilancia en los puntos afectados, con cámaras conectadas en tiempo real a los Centros de Gestión de la DGT para detectar rápidamente cualquier sabotaje. Además, los agentes de Tráfico y Seguridad Ciudadana patrullarán las zonas de mayor riesgo para evitar que estos actos se repitan. Se recuerda que el Código Penal establece que la vandalización de estos radares constituye un delito de daños, con penas de prisión que van de 1 a 3 años.
Los radares no solo sirven para controlar la velocidad, sino que también son fundamentales para la seguridad en las carreteras, ya que contribuyen a reducir los accidentes de tráfico y proteger la vida de los ciudadanos. Las autoridades siguen trabajando para que se haga justicia y para garantizar que estos dispositivos continúen desempeñando su papel en la prevención de siniestros viales.