Una reciente inspección de Trabajo ha determinado que los 17 becarios mexicanos que participan en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano, no estaban obligados a ser incluidos en el sistema de Seguridad Social, ya que realizaban una formación no reglada. Este hecho ha sido confirmado en un informe que se ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, según ha informado Europa Press.
Formación no reglada, fuera de la Seguridad Social
La investigación surgió en el marco de una serie de diligencias abiertas contra Nacho Cano, quien está siendo investigado por la posible comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el informe de la inspección laboral ha concluido que «no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios impliquen una relación laboral encubierta».
La inspección destaca que los becarios estaban recibiendo una «formación no reglada», lo que significa que no forma parte del sistema educativo oficial y, por tanto, no requiere la inclusión en el sistema de Seguridad Social. Este tipo de formación permite a los alumnos adquirir experiencia y conocimientos sin que ello conlleve una relación laboral formal.
Inspección sin previo aviso
La inspección fue llevada a cabo sin previo aviso a la empresa, a petición de la Policía Nacional. Los agentes y la funcionaria encargada irrumpieron en la Parroquia San Juan de la Cruz en Madrid, donde los becarios estaban recibiendo clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal.
Durante la inspección, la funcionaria de Trabajo recopiló información y entrevistó a los becarios para verificar las condiciones en las que se desarrollaban sus actividades formativas.
Nacho Cano defiende su posición
Tras conocerse la apertura de la investigación, Nacho Cano compareció ante los medios el pasado 9 de julio, donde declaró que su paso por comisaría se debía a una supuesta «persecución política» en su contra, derivada de su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cano fue contundente al afirmar que la actuación judicial tenía motivaciones políticas, apuntando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
