Castilla y León vuelve a decir no a la condonación de deuda autonómica que el Gobierno pretende aprobar. En el reciente trámite de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, la Junta ha presentado un contundente rechazo a esta iniciativa.
Esta postura, que ya había manifestado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se basa en que la condonación no soluciona la raíz del problema, sino que simplemente traslada la deuda a la esfera estatal sin un análisis riguroso ni consenso entre las autonomías.
Principales razones del rechazo de castilla y león
- El problema no es la deuda, sino la insuficiencia del modelo de financiación actual para cubrir las competencias y servicios públicos.
- La Junta pide una reforma integral y bilateral del modelo de financiación, basada en la igualdad y solidaridad, en lugar de un “parche” como la condonación.
- Las medidas sobre sostenibilidad financiera deben ser acordadas con todas las comunidades autónomas, en un proceso multilateral y transparente.
- La Junta denuncia que el anteproyecto es más un “peaje político” que un acuerdo técnico, sin contar con la participación real de las autonomías.
- No existe un análisis detallado ni comparativo que respalde que transferir la deuda al Estado resolverá las dificultades financieras autonómicas.
- La condonación no aporta recursos nuevos, por lo que el endeudamiento seguirá creciendo a medio y largo plazo.
- El traspaso de más de 83.000 millones de euros de deuda al Estado significa que todos los ciudadanos españoles cargarán con ella, y Castilla y León sufriría un aumento de 523 euros por habitante en deuda.
- Los criterios para determinar la quita se consideran arbitrarios y basados en ideologías, penalizando políticas fiscales responsables.
- La mayoría de las comunidades, instituciones y expertos se oponen a esta medida por ir en contra del interés general.
- La propuesta contraviene principios constitucionales de solidaridad, igualdad y autonomía financiera de las comunidades autónomas.
¿Qué implica esta decisión para los ciudadanos?
El rechazo de Castilla y León refleja la preocupación de que la condonación no traerá una mejora real en la financiación pública. En cambio, podría suponer un coste oculto para todos los ciudadanos, con un aumento indirecto de la deuda estatal que afectaría a los servicios públicos y la economía regional.
La Junta pide que se priorice una reforma profunda y justa del sistema de financiación autonómica, que garantice recursos suficientes y equidad entre todas las regiones, evitando decisiones unilaterales que comprometan el futuro financiero de las comunidades.
