La Diócesis de Zamora defiende la actuación desarrollada ante el caso de presuntos abusos sexuales a menores y rechaza que tuviera conocimiento de los hechos desde 2023. El obispo de Zamora, Fernando Valera, aseguró que la primera información sobre un posible problema llegó a la institución el 10 de septiembre de 2025. «La diócesis tiene conocimiento de un posible problema de abuso sexual el 10 de septiembre de 2025», afirmó Valera durante su intervención.
El obispo defendió además la rapidez con la que se puso en marcha el procedimiento: «Ha sido muy rápido, le podría decir que de los más rápidos que yo conozco en España. Conozco mucho todo el tema de esta cuestión, llevo más de 15 años trabajando en este tema y no tenemos una denuncia, sino gente que nos dice que puede haber un problema».
A partir de ese momento, explicó, la Diócesis contactó con las personas que podían haber sido víctimas. «Entonces se contacta después con los presuntos abusados, unos dicen que sí están dispuestos a declarar y a presentar denuncia, otros que no», señaló.
Posteriormente se inició una investigación previa y se establecieron contactos con la Fiscalía y con Doctrina de la Fe. Valera explicó que decidió desplazarse personalmente a Roma para agilizar el procedimiento. «Doctrina de la Fe, además lo hace muy rápido porque fui a Roma y en menos de un mes teníamos la contestación en Zamora», afirmó el obispo.
Valera insistió en que, una vez recibida esa respuesta, la comunicación con la Fiscalía fue inmediata: «Inmediatamente hablamos con Fiscalía, tanto de menores como Fiscalía General, tenemos una comunicación muy rápida en cualquier tema de los que llevamos entre manos y de manera inmediata se hace la denuncia tal como nos indica la Fiscal General».
El obispo confirmó además que el viaje a Roma tuvo como objetivo acelerar el proceso. «Fui a Roma para que este tema se hiciera rápido y además fui recibido con las personas que más saben y más trabajan en esta cuestión y ya os digo que ha ido en una celeridad muy grande», manifestó.
Uno de los asuntos que generó preguntas durante la comparecencia fue la aplicación de las medidas cautelares al sacerdote investigado. El decreto oficial se firmó en abril de 2026, aunque Valera aseguró que ya se habían adoptado restricciones de manera verbal con anterioridad. «Hay la medida cautelar oficial. El decreto se firma en abril, pero el sacerdote tiene medidas cautelares verbales desde el primer momento», explicó.
Preguntado por cuándo pudieron comenzar esas medidas, el obispo apuntó a noviembre de 2025: «Posiblemente en noviembre, es decir, la primera comunicación, que es por precaución, porque no tenemos medidas aún».
Desde la Diócesis también se quiso diferenciar entre las medidas internas adoptadas desde el primer momento y la formalización posterior del decreto. En este sentido, Valera insistió en que «la presunción de inocencia tiene que estar siempre presente».
Durante la comparecencia se confirmó que existen dos presuntas víctimas. La Diócesis subrayó que todavía no existe una sentencia judicial y que será la justicia la que determine las responsabilidades.
Juan Carlos López, director de Zamorarte, defendió también el funcionamiento de los protocolos internos y el trabajo desarrollado durante los últimos años. «Desde que el Obispo llegó a la diócesis se trabajó intensamente en formar a todos los activos agentes pastorales, particularmente los que se dedican a la educación», señaló.
López añadió que «todavía no hay una sentencia, evidentemente, hablamos siempre de presunción de inocencia y el Obispo en su comunicado así lo manifestó, presunción de inocencia y respeto a las partes».
La Diócesis asegura que, una vez que exista una resolución judicial, se podrá avanzar en el procedimiento canónico correspondiente. Valera explicó que «cuando canónicamente no puede haber un proceso canónico cuando hay denuncia civil hasta que no hay sentencia civil».
El obispo también quiso destacar el trabajo preventivo realizado por la institución y aseguró que la Diócesis mantiene programas específicos para prevenir este tipo de situaciones. «La única institución que tiene programas de prevención en Zamora como tal somos nosotros», afirmó.
En este contexto, recordó que en octubre de 2025 el responsable de la Conferencia Episcopal en materia de prevención de abusos y juez de la Rota, Jesús Rodríguez Torrente, acudió a Zamora para impartir formación a los sacerdotes. «La Diócesis de Zamora tiene un trabajo activo, siempre y constante», sostuvo Valera.
Por su parte, José Manuel Chillón, gerente-ecónomo, pidió una especial precisión con las fechas y reclamó que se corrigiera cualquier información que situara el conocimiento del caso en 2023.
«Fecha clave, 10 de septiembre. Comienzo de las investigaciones y de búsqueda de posibles víctimas. Comunicación a Fiscalía, comunicación al posible agresor e instantáneamente, inmediatamente retirada de su vida pública», afirmó.
La Diócesis mantiene así que el 10 de septiembre de 2025 marca el inicio de su actuación y defiende que los protocolos internos se activaron con rapidez. El caso continúa pendiente de la resolución de los tribunales, mientras la institución mantiene la presunción de inocencia y asegura que esperará al resultado judicial para adoptar, si corresponde, las medidas canónicas definitivas.
