El Juzgado de lo Social Nº 2 de Zamora revoca la sanción impuesta por el Ayuntamiento declarándola improcedente.
La Sentencia del Juzgado recoge que el ayuntamiento no aportó pruebas que demostrasen las acusaciones que formulaba contra el trabajador y por las que el alcalde le sancionó con cinco días de suspensión de empleo y sueldo. Por ello en la Sentencia se declara la sanción como improcedente, dejándola sin efecto.
Los trabajos que realizó el trabajador y por los que el alcalde le sancionó, fue el pintado de una línea amarilla en la jardinera situada en la C/ Renueva . Según justificó el trabajador ante el Juzgado, la utilización de la máquina del Ayuntamiento y el pintado de la línea en redondo y junto a un muro en el que se produce un giro muy cerrado, fue lo que obligó a que la línea quedase levemente separada del mismo. Además, entre otros razonamientos recogidos en la Sentencia, la máquina no debe pararse al estar pintando, para evitar el riesgo de que la pintura se seque en la boquilla de la máquina y se estropease.
En la sentencia queda claro también, que el trabajador tampoco incurrió en las faltas que se le imputaron y que no incumplió las obligaciones de su puesto de trabajo, ni tampoco causó un grave perjuicio para el servicio, o que incumpliese medidas en materia de prevención de riesgos laborales, como defendía el alcalde; acusación que fue incapaz de acreditar.
En concreto, el alcalde acuso al trabajador de actuar de forma negligente, pero el Juzgado es contundente: “no queda probada la comisión de faltas que se le imputan”, ni hay constancia de que el trabajador “haya sido ni sancionado, ni apercibido previamente por mantener una actitud discordante con el puesto de trabajo”.
Igualmente el Fallo judicial justifica y decreta la prescripción de los plazos de la falta por la que se intentó sancionar.
Ante esta situación, el Partido Popular advierte que esta es «otra muestra más de que el alcalde sigue mostrando su incapacidad para gestionar diligentemente, a pesar de su decisión de aumentar los costes del Departamento de Personal, con la contratación de un Técnico de la Administración General que supuso el aumento del gasto del Departamento en más de 59.000 €, para “el asesoramiento legal previo a la adopción de acuerdos o resoluciones, en los asuntos que le sean encomendados” relativos al área de personal.
El PP afirma que tras la sanción se percibe un cierto “tufillo”, que cada día es más fuerte, que impregna muchas de las decisiones que toma el alcalde, y tras las que se ocultan intereses personales, y otros que nada tienen que ver con el sentido de la justicia o del buen gobierno.
No en vano, en el punto CUARTO de la Sentencia, se recoge que en el Decreto de Sanción dictado por el Alcalde, en lugar del nombre del propio trabajador, figuraba el de un empresario de Benavente, familiar del trabajador.
Para el PP al alcalde le traicionó el subconsciente cuando dictó el Decreto de Sanción, ya que el nombre que figuraba en el mismo, es el de una persona a la que el Juzgado también le dio la razón, tras un largo litigio con el Ayuntamiento intentando evitar que le cerrasen la empresa, y de que se hayan producido acusaciones cruzadas con el alcalde y con concejales del Gobierno Municipal.
Desde el PP se advierte que «cada día son más los pleitos en los que se encuentra inmerso el Ayuntamiento, consecuencia de la política de enfrentamientos practicada por el alcalde, Luciano Huerga. Y que tiene como consecuencia el considerable aumento de gastos judiciales, muchos de los cuales se podrían haber evitado».
