El uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León entró en vigor ayer después de que la Junta recibiera la orden de Sanidad a última hora y en ella se especificara que tendría efectos desde su notificación en autonomías con Estatuto hasta que la ministra del ramo «apruebe la finalización de su vigencia».
En concreto, el apartado tres de la orden recoge que la «declaración de actuaciones coordinadas producirá efectos desde su notificación a las comunidades y ciudades con Estatuto de autonomía hasta que se apruebe por la Ministra de Sanidad la finalización de su vigencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades con Estatuto de autonomía».
Castilla y León, a través de su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró que pondría en marcha el proceso en cuanto recibiera la notificación. Si bien en un principio advirtió de que hoy se llevaría a Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, el articulado del Ministerio establece que no se precise ese trámite.
Vázquez explicó que acataban la orden por «lealtad institucional» si bien dudó del «rigor científico» de la decisión. De hecho, avanzó que en la Comunidad podría dejar de ser obligatoria en los próximos días si el informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) refleja un nuevo descenso, que sería el segundo consecutivo, y es uno de los casos en las que el Ministerio autoriza a las autonomías a flexibilizar el uso de la mascarilla.
